Una nueva ola de violencia sacude al sur del departamento de Bolívar. En la zona rural del municipio de Montecristo, comunidades campesinas e indígenas viven días de miedo e incertidumbre por los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública.
Los más recientes hechos ocurrieron en la tarde del viernes 10 de octubre, en el sector conocido como Mina Chocó, cuando habitantes de la zona se vieron en medio de un intenso combate entre integrantes del Clan del Golfo y otra estructura criminal que, según las primeras hipótesis, pertenecería a las disidencias de las FARC.
Durante los enfrentamientos, se registró un ataque con explosivos lanzados desde drones, una modalidad que en los últimos meses se ha convertido en una peligrosa herramienta de guerra en varias regiones del país. Los artefactos detonaron cerca de una iglesia cristiana evangélica local, afectando gravemente a varios civiles que se encontraban en el área.
Entre las víctimas se encuentran dos niños, de 9 y 10 años, y un hombre de 23, quienes sufrieron heridas de consideración. De acuerdo con las autoridades locales, las víctimas fueron trasladadas inicialmente al centro asistencial Manuel Elkin Patarroyo, en el municipio de Santa Rosa del Sur. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los tres fueron remitidos posteriormente a hospitales en Bucaramanga, donde permanecen bajo monitoreo médico constante.
La población de Montecristo denuncia que este tipo de ataques se han vuelto cada vez más frecuentes, y que la disputa territorial entre el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN mantiene a las comunidades rurales en un estado permanente de zozobra. Los habitantes aseguran que, pese a la presencia del Ejército Nacional y la Policía, la situación de seguridad no ha mejorado y la violación de los derechos humanos continúa siendo una realidad cotidiana.
Líderes comunitarios han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional y a los organismos humanitarios para que refuercen la presencia institucional en la zona y garanticen la protección de los civiles, especialmente de los menores de edad, que hoy siguen siendo las principales víctimas de un conflicto que no da tregua en el sur de Bolívar.
