Un informe independiente reveló este martes que más de 350 mujeres y niñas inuit de Groenlandia, algunas de apenas 12 años, fueron sometidas a la inserción de dispositivos intrauterinos (DIU) o a inyecciones anticonceptivas sin su conocimiento ni consentimiento por parte de las autoridades sanitarias danesas. Estas prácticas, documentadas desde la década de 1960 hasta 1991, formaban parte de una política para limitar el crecimiento de la población indígena.
El estudio, que documenta 488 casos de anticoncepción forzada, detalla cómo las víctimas, en su mayoría adolescentes, no fueron informadas sobre los procedimientos médicos a los que eran sometidas. Ante la inminente publicación del informe, los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia se disculparon oficialmente el mes pasado por su papel en estos hechos.
El año pasado, casi 150 mujeres inuit presentaron una demanda contra el estado danés y reclamaron indemnizaciones, acusando a las autoridades de violar sus derechos humanos. Datos oficiales sugieren que la escala del programa fue mucho mayor, con estimaciones de que hasta 4,500 mujeres y niñas —aproximadamente la mitad de la población femenina en edad fértil de Groenlandia en ese momento— recibieron DIU entre los años 60 y mediados de los 70.
Bajo el pretexto de controlar el crecimiento demográfico en la isla —que en ese momento experimentaba una mejora en las condiciones de vida y atención médica—, Dinamarca impulsó estas medidas que hoy son calificadas como una violación sistemática de los derechos reproductivos de las mujeres inuit.
Este capítulo oscuro se enmarca en una historia más amplia de políticas coloniales danesas que durante siglos deshumanizaron a la población groenlandesa. Entre ellas destacan la separación forzosa de niños indígenas de sus familias para su “reeducación” en Dinamarca y la aplicación de controvertidas pruebas de competencia parental.
La investigación se conoce en un momento de tensión geopolítica alrededor de Groenlandia, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, expresara en repetidas ocasiones su interés en adquirir la jurisdicción de la isla, estratégica y rica en recursos minerales. Tanto Dinamarca como Groenlandia, que es una entidad autónoma dentro del reino danés desde 2009, han rechazado categóricamente esta posibilidad.
