En un movimiento significativo, la Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a varios exaltos mandos de la Policía y del sistema penitenciario como presuntos responsables por omisión en el emblemático caso de la periodista Jineth Bedoya Lima. La decisión se conoció este 10 de septiembre, justo antes de que comenzara una audiencia privada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sede de la JEP en Bogotá, para evaluar el cumplimiento de las sentencias en favor de la comunicadora.
Los imputados, señalados de haber permitido el accionar criminal de paramilitares en la cárcel La Modelo —donde se planearon las agresiones contra Bedoya— son: el exdirector de la Dijin, general (r) José Leonardo Gallego Castrillón; el exdirector del INPEC, general (r) Fabio Campos Silva; el exsubdirector del INPEC, Luis Bernardo Maldonado Bernate; el exasesor de la dirección del INPEC, Jaime Gallo Zuleta; el exdirector de La Modelo, Reinaldo Fierro Rico; y el exparamilitar de las AUC Evangelista Basto Bernal.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, una investigadora del Grupo de Compulsa de Copias estableció que estos agentes del Estado, en ejercicio de sus cargos, “habrían omitido sus funciones, permitido el ingreso a la cárcel de armas de fuego y elementos prohibidos, y facilitado el actuar delictivo de paramilitares privados de la libertad”.
La audiencia ante la Corte IDH, presidida por el juez Ricardo Pérez Manrique, dejó en evidencia lo que organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron como un “incumplimiento sistemático” por parte del Estado colombiano de las órdenes vinculantes del tribunal internacional para garantizar justicia, reparación y medidas de no repetición.
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), fue contundente al señalar que el Estado está en un “palmario incumplimiento”. Krsticevic explicó que la Corte evaluó temas críticos aún pendientes: la investigación diligente de los máximos responsables intelectuales de los crímenes, las amenazas persistentes que ha enfrentado Bedoya durante 25 años y la falta de resultados concretos.
“La conclusión fue muy clara: no se ha hecho lo suficiente. Ha habido retrocesos muy significativos en justicia, y esto tiene consecuencias graves para el periodismo colombiano, porque la impunidad alimenta la violencia”, afirmó. Uno de los puntos más emblemáticos discutidos fue el de las reparaciones. Krsticevic reveló un hecho paradójico: si bien recientemente se inauguró un mural sobre violencia sexual en La Modelo —una medida simbólica de reparación colectiva ordenada por la Corte—, el Ministerio de Justicia incumplió su compromiso financiero para la obra. Ante esto, la propia Jineth Bedoya terminó asumiendo los costos.
“En la práctica, Jineth Bedoya terminó reparando a Jineth Bedoya”, subrayó la abogada, ilustrando así las profundas falencias en la implementación de las medidas ordenadas. Se espera que el juez Pérez Manrique emita una resolución en aproximadamente dos meses, luego de su visita al país, en la que podría dictar nuevas órdenes al Estado colombiano para superar los persistentes obstáculos en este caso.
