El Tribunal de Apelación de Nîmes aumentó este jueves 9 de octubre de 2025 la pena de prisión impuesta a Husamettin Dogan, único acusado que había decidido recurrir la sentencia en el llamado caso de las violaciones de Mazan. La nueva condena, de diez años de cárcel, es un año superior a la dictada en diciembre de 2024 por el Tribunal de lo Penal de Vaucluse.
La fiscalía había pedido una pena aún más severa, de doce años de reclusión, argumentando que Dogan seguía sin asumir la responsabilidad de sus actos. Durante la audiencia, el fiscal general, Dominique Sié, destacó la gravedad del delito y la actitud del acusado, a quien describió como un hombre “plenamente consciente de lo que hacía”. “La violación es una forma de destrucción masiva, una muerte silenciosa y profunda. La sanción no puede ser menor que la magnitud del daño causado”, declaró Sié ante el tribunal.
El magistrado insistió en que Dogan, al igual que los otros acusados del caso, había “negado la humanidad” de la víctima, Gisèle Pelicot, una mujer que quedó “convertida en presa”. Para Sié, los hechos no dejaban lugar a dudas sobre la falta de consentimiento: “Los actos sexuales cometidos sobre una persona dormida constituyen violación, porque la víctima no puede expresar su voluntad”.
Estas palabras respondían directamente a la línea de defensa del acusado, quien había sostenido que no tuvo intención de violar a Pelicot, creyendo participar en un encuentro sexual consentido dentro de un contexto libertino. Sin embargo, el fiscal desmontó ese argumento jurídico: “La intención, en derecho, no significa planificar el acto, sino ser consciente de lo que se está haciendo. En 2025, no podemos seguir pensando que el silencio equivale a consentimiento. Esa idea pertenece al pasado”, afirmó con firmeza. Durante la lectura de la sentencia, Husamettin Dogan escuchó impasible el veredicto y no mostró reacción alguna. Según fuentes judiciales, la defensa no ha anunciado aún si recurrirá ante el Tribunal Supremo.
El caso de Mazan, que conmocionó a la opinión pública francesa, implicó a varios acusados por violaciones cometidas en grupo contra Gisèle Pelicot. Todos, salvo Dogan, habían aceptado sus condenas iniciales sin apelar. El proceso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual en Francia, en particular en torno a la cuestión del consentimiento y la responsabilidad penal en contextos considerados ambiguos.
La sentencia de apelación confirma así la línea de firmeza adoptada por la justicia francesa en los últimos años frente a los delitos sexuales, subrayando que la ausencia de consentimiento explícito no puede ser interpretada como aprobación tácita.
