El Tribunal de Primera Instancia de Bolu, en Turquía, emitió este viernes su veredicto en el caso por el incendio del hotel Grand Kartal, ocurrido el 21 de enero de 2025 en la estación de esquí de Kartalkaya, donde 78 personas —entre ellas 34 niños— perdieron la vida y 137 resultaron heridas.
Tras meses de audiencias, el tribunal condenó a 11 de los 32 acusados a cadena perpetua agravada, al considerar que fueron responsables directos de las muertes. Entre los sentenciados figuran el propietario del hotel, Halit Ergül, miembros de su familia, varios directivos del establecimiento y funcionarios municipales. La corte no concedió reducciones de pena a ninguno de los condenados. Las personas sentenciadas a cadena perpetua son:
- Halit Ergül, propietario del hotel.
- Emine Murtezaoğlu Ergül, esposa del propietario.
- Ceyda Hacıbekiroğlu y Elif Aras, hijas del propietario.
- Emir Aras, yerno de Ergül y director general del hotel.
- Zeki Yılmaz, director del establecimiento.
- Kadir Özdemir, director de contabilidad.
- Sedat Gülener, teniente de alcalde del municipio de Bolu.
- Ahmet Demir, director general del hotel Gazelle.
- Kenan Coşkun, jefe del cuerpo de Bomberos.
- İrfan Acar, bombero.
La tercera audiencia del proceso se celebró en una sala habilitada en el pabellón deportivo del Instituto de Ciencias Sociales de Bolu, bajo estrictas medidas de seguridad. Las vías cercanas fueron cerradas al tráfico ante la gran expectación pública y mediática. Los acusados fueron juzgados por los delitos de “homicidio intencionado con conducta negligente” y “lesiones agravadas por las consecuencias”, cargos derivados de la muerte de personas en situación de indefensión, incluidos menores de edad.
Durante su defensa, Halit Ergül negó haber realizado cambios estructurales que incrementaran el riesgo de incendio y atribuyó la tragedia a falta de inspecciones por parte del Ministerio de Cultura y Turismo. “Aunque existían deficiencias, nunca me fueron notificadas. Si me hubieran cerrado el hotel, este incidente no habría ocurrido”, declaró. Su esposa, Emine Murtezaoğlu Ergül, expresó su pesar: “Lo lamento profundamente; esa noche no estábamos en el hotel por casualidad”, dijo ante el tribunal.
Los abogados defensores solicitaron la absolución de sus clientes, mientras que los familiares de las víctimas reclamaron una condena ejemplar. “Este es un caso en el que se juzgan 78 vidas. Lo único que pedimos es justicia”, manifestó el abogado Yüksel Gültekin, quien perdió a ocho familiares en el incendio.
Según la investigación, el fuego comenzó a las 3:17 de la madrugada del 21 de enero en un contenedor de basura, tras una chispa originada por una parrilla eléctrica. El fuego alcanzó una manguera de gas licuado de petróleo (GLP), lo que provocó una explosión y la rápida propagación de las llamas. El personal detectó el incendio siete minutos después, pero en solo dos minutos el fuego ya se había descontrolado. La puerta principal abierta permitió la entrada de aire, avivando las llamas y extendiéndolas por el techo de madera.
El informe pericial reveló graves fallas de seguridad, entre ellas la ausencia de sistemas de rociadores, alarmas defectuosas, deficiencias en la ventilación y falta de capacitación del personal. Las escaleras y los huecos de los ascensores funcionaron como chimeneas, y la carencia de señalización y salidas de emergencia impidió la evacuación de los 238 huéspedes que se encontraban en el edificio.
El entonces ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Ersoy, aseguró tras la tragedia que el hotel contaba con certificación contra incendios vigente, emitida por el cuerpo de Bomberos, y que había sido inspeccionado en varias ocasiones entre 2021 y 2024. Sin embargo, el tribunal determinó que las revisiones fueron insuficientes y negligentes, y que varios funcionarios omitieron alertar sobre riesgos evidentes.
El incendio tardó más de diez horas en ser controlado y llevó al Gobierno turco a decretar un día de luto nacional. El hotel, inaugurado en 1999, era operado desde 2007 por la empresa de Halit Ergül. Con esta sentencia, el tribunal cerró uno de los procesos judiciales más significativos de los últimos años en Turquía, marcado por el dolor de las víctimas y el debate sobre la responsabilidad empresarial e institucional en materia de seguridad pública.
