La diputada provincial Lucía Lorena Klug, integrante del bloque Unión por la Patria y vinculada al espacio Patria Grande, volvió a sacudir la agenda pública al presentar un controvertido proyecto de ley que propone crear una “Tasa Ambiental sobre el Metano” (TAMBA) destinada al sector ganadero de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, que fue elevada en los últimos días de su mandato —la legisladora debe dejar su banca la próxima semana—, apunta a gravar las emisiones de metano generadas por los rumiantes, es decir, los gases producidos por procesos digestivos del ganado, con el objetivo declarado de mitigar el impacto ambiental de la ganadería en la provincia. Según el texto del proyecto, la medida se basa en el principio de “Responsabilidad Extendida del Productor” y prevé crear un fondo fiduciario para canalizar los recursos recaudados hacia una gestión más eficiente de residuos sólidos urbanos, en sintonía con la normativa vigente sobre residuos (GIRSU).
Klug argumenta que este gravamen es una respuesta urgente a los desafíos del cambio climático. En los fundamentos del proyecto, cita datos del inventario de gases de efecto invernadero (GEI) que atribuyen a la provincia de Buenos Aires una proporción significativa de las emisiones nacionales —y señalan que el 27 % de esas emisiones provienen específicamente de metano, con la ganadería responsable del 19 % y la gestión de residuos sólidos del 6 %.
La propuesta desató un fuerte rechazo del sector agropecuario, incluido el de CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), cuya dirigencia cuestionó la medida como una “improvisación legislativa” sin sustento técnico. Su presidente, Ignacio Kovarsky, resumió la postura del campo con dureza: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.
Por su parte, el gobierno nacional también se pronunció en contra: el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, calificó la propuesta como “tirarse un tiro en el pie”, advirtiendo que imponer un nuevo tributo al sector ganadero podría socavar la producción, el empleo rural y las exportaciones, justo cuando la demanda global de carne sigue siendo elevada.
Aunque el proyecto no cuenta con apoyo parlamentario firme —se señala que no logró el respaldo de otros bloques y que fue presentado casi como un “gesto de despedida” de Klug antes de terminar su mandato—, la polémica ya abrió un debate profundo sobre la tensión entre producción agropecuaria, sostenibilidad ambiental y políticas de mitigación del cambio climático en Argentina.
El episodio vuelve a dejar en evidencia los dilemas de fondo: ¿Puede la ganadería convivir con políticas ambientales más rigurosas? ¿Corresponde trasladar el costo del impacto climático al productor o buscar incentivos de reconversión productiva? Más allá del futuro del proyecto, el debate que plantea Klug sigue abierto, y promete marcar agenda en ámbitos políticos, rurales y medioambientales.
