Niños trabajadores agrarios son víctimas de pesticidas ¡y nadie hace nada!

“El olor era tan intenso que resultaba insoportable”, contó Araceli a Los Ángeles Times. Dijo que con frecuencia le provocaba fuertes dolores de cabeza y náuseas. En algunos momentos, añadió, la piel de sus dedos se le pelaba y se le tornaban blanquecinos.

Su madre relató en una entrevista por separado, en español, que comenzó a sentir dolor de cabeza tras ingresar a un campo de lechugas poco después de que un tractor había esparcido un líquido con un fuerte aroma químico.

En California, a diferencia de otros estados, la vigilancia de la seguridad en el uso de pesticidas recae tanto en autoridades estatales como en organismos locales. La aplicación de las normas corresponde a 55 comisionados agrícolas de condado, designados por las juntas de supervisores, quienes cumplen una doble función: impulsar la agricultura y, al mismo tiempo, hacer cumplir las leyes estatales sobre pesticidas. El Departamento de Reglamentación de Pesticidas del estado supervisa el sistema, además de ofrecer capacitación y lineamientos a los comisionados.

Funcionarios locales defienden este modelo al señalar que cada condado tiene cultivos y temporadas distintas, lo que les permite atender problemáticas específicas. No obstante, cuando se sanciona a una empresa por violaciones a las normas, no existe la obligación de revisar si esa misma compañía ha cometido faltas similares en otros puntos del estado. El departamento estatal afirma que sí monitorea a los infractores reincidentes y detecta patrones a nivel general.

Un análisis de Capital & Main, basado en más de 40 mil registros oficiales entre 2018 y el primer trimestre de 2024, revela que más de 240 empresas acumularon al menos 1,268 infracciones a las leyes de seguridad de pesticidas en tres o más condados. Sin embargo, en casi la mitad de esos casos no se impusieron multas económicas; las compañías solo recibieron advertencias o avisos para corregir las fallas.

Las infracciones más comunes incluyen no capacitar adecuadamente a los trabajadores, no informar qué pesticidas se utilizan en los cultivos o no colocar avisos sobre cuándo es seguro regresar a los campos fumigados. En varios casos, las empresas reincidieron durante años sin enfrentar sanciones económicas.

El Departamento de Reglamentación de Pesticidas sostiene que la ausencia de multas no significa falta de acción, ya que existen otras medidas correctivas, como capacitaciones obligatorias o cartas de advertencia. Aun así, los registros muestran que algunas compañías continuaron acumulando infracciones en distintos condados sin consecuencias financieras.

Mientras tanto, la agricultura californiana sigue dependiendo ampliamente de los pesticidas químicos. Aunque el uso de alternativas menos tóxicas ha aumentado y los reguladores destacan reducciones en sustancias peligrosas durante la última década, las inspecciones siguen siendo escasas frente al número total de fumigaciones. En 2023, por ejemplo, se estima que se aplicaron pesticidas más de 687 mil veces en ocho de los principales condados agrícolas del estado, pero se realizaron inspecciones en menos del 1% de esos casos.

Expertos y defensores de los trabajadores agrícolas advierten que los riesgos siguen siendo altos, especialmente para los menores de edad y los trabajadores indocumentados, quienes con frecuencia no reportan síntomas por temor a represalias. Muchos relatan haber trabajado en campos con fuertes olores químicos o haber ingresado poco después de las fumigaciones, a pesar de que la ley exige períodos de espera que pueden extenderse de horas a semanas.

Para los reguladores locales, la seguridad de los trabajadores es una prioridad, aunque reconocen que el tamaño de las zonas agrícolas y la limitada cantidad de inspectores dificultan una supervisión constante. Los trabajadores, por su parte, aseguran que a menudo se les pide firmar documentos sobre pesticidas sin que comprendan completamente su contenido.

Así, mientras California presume contar con una de las regulaciones más estrictas del país, los testimonios de los jornaleros y los datos oficiales reflejan una brecha persistente entre las normas y su aplicación efectiva en los campos.

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