Desde comienzos de 2026, el camino hacia la residencia permanente y la nacionalidad francesa será considerablemente más exigente para los extranjeros no europeos. La ley promulgada el 26 de enero de 2024, orientada a reforzar el control migratorio y redefinir los criterios de integración, introduce nuevas obligaciones en materia de lengua francesa y adhesión a los valores republicanos. Entre los principales cambios figuran la instauración de un examen cívico obligatorio y el aumento del nivel de francés requerido, que deberá acreditarse mediante pruebas oficiales.
Aunque algunas disposiciones comenzaron a aplicarse de manera gradual en 2025, el nuevo marco normativo entrará plenamente en vigor el 1 de enero de 2026.
A partir de esa fecha, quienes soliciten la nacionalidad francesa o un primer permiso de residencia de larga duración deberán adjuntar a su expediente un certificado que acredite la aprobación de un examen cívico. El decreto que fija el contenido y las modalidades de esta prueba fue firmado el 10 de octubre de 2025 por el entonces ministro del Interior, Bruno Retailleau.
El examen consiste en un cuestionario de opción múltiple centrado en los principios fundacionales de la República, los derechos y deberes en Francia, así como nociones de historia, geografía, cultura y organización institucional. Los candidatos dispondrán de 45 minutos para responder 40 preguntas y deberán acertar al menos 32 para superar la prueba.
El examen se rendirá en centros autorizados antes de presentar la solicitud administrativa y podrá repetirse sin límite en caso de fracaso. Solo será exigido en la primera expedición del permiso. La entrevista en prefectura, ya existente, se mantiene, pero su enfoque se refuerza en torno a la adhesión a los valores republicanos.
La reforma también transforma profundamente la evaluación del dominio del francés. La nueva ley abandona el sistema basado en la asistencia a cursos y lo sustituye por una lógica de resultados: será obligatorio aprobar un examen oficial para certificar el nivel lingüístico.
Las exigencias aumentan de forma significativa. Para acceder a la nacionalidad francesa se requerirá ahora un nivel B2, frente al B1 anterior. La tarjeta de residencia plurianual exigirá un nivel A2, y la tarjeta de residente (válida por diez años) requerirá un nivel B1, cuando antes bastaba con el A2.
Estas modificaciones suscitan fuertes críticas en el ámbito asociativo. Marianne Bel, responsable de programas de aprendizaje del francés en La Cimade, denuncia un impacto discriminatorio: “Exigir la aprobación de un examen escrito para la tarjeta plurianual será un obstáculo enorme, especialmente para personas con poca o ninguna escolarización”. También recuerda que el nivel B2 es el mismo que se exige a estudiantes extranjeros para ingresar a la universidad.
La acreditación del nivel de francés deberá realizarse mediante diplomas oficiales o certificados reconocidos internacionalmente, como el TCF, el TEF o el DELF. Las asociaciones alertan, además, sobre el riesgo de fraudes vinculados a pruebas no autorizadas.
Las críticas se intensifican ante la reducción de los medios de formación. Desde el 1 de julio de 2025, la mayoría de los cursos de francés prescritos por la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII) se imparten de forma virtual a través de la plataforma Frello. Las clases presenciales quedan reservadas a un público muy limitado, principalmente personas alófonas con escasa escolarización. Varias organizaciones, entre ellas La Cimade y Secours Catholique-Caritas France, recurrieron a la justicia para impugnar esta digitalización.
El dispositivo contempla ajustes para personas con discapacidad o enfermedades crónicas, como tiempo adicional o modalidades específicas, siempre que se presente un certificado médico. Las personas mayores de 65 años quedan exentas de estas obligaciones cuando solicitan una tarjeta de residencia, aunque no existe por ahora una dispensa general por edad en los procedimientos de naturalización.
El endurecimiento no se limita a la lengua y al examen cívico. Una circular del 2 de mayo de 2025 refuerza los criterios económicos y profesionales para acceder a la nacionalidad. Los solicitantes deberán acreditar un empleo estable —un contrato indefinido de al menos un año o un contrato temporal que cubra dos años consecutivos— y percibir ingresos estables y suficientes, como mínimo equivalentes al salario mínimo, y mayoritariamente generados en Francia.
Las personas cuyos recursos dependen en gran medida de prestaciones sociales o de ingresos procedentes del extranjero pueden ser consideradas como insuficientemente insertadas. En la práctica, estas condiciones afectan de manera desproporcionada a trabajadores precarios, empleados a tiempo parcial y, en particular, a mujeres con trayectorias laborales discontinuas.
Otro criterio reforzado es el de la “ejemplaridad del recorrido”. Las prefecturas están llamadas a rechazar solicitudes de personas que hayan atravesado períodos de irregularidad administrativa, incumplido una orden de salida del territorio o ayudado a terceros a permanecer de forma irregular. La circular recuerda que la naturalización no constituye un derecho automático, sino una prerrogativa soberana del Estado, y marca un giro claramente más restrictivo en la política de acceso a la nacionalidad francesa.
