El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aguarda con tensión el fallo de la Corte Suprema sobre una pieza central de su agresiva agenda proteccionista: el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). Esta norma, diseñada originalmente para enfrentar crisis como bloqueos comerciales o amenazas a la seguridad económica en emergencias nacionales, nunca se había invocado para justificar aranceles generalizados. Ahora, tribunales inferiores han declarado que Trump excedió sus límites al aplicarla para imponer tarifas “recíprocas” amplias contra aliados y rivales comerciales, así como gravámenes específicos a China, Canadá y México. Bloomberg reporta que la decisión podría llegar en las próximas semanas, mientras las tarifas permanecen vigentes durante los litigios.
La disputa legal surge del resurgimiento de la guerra comercial impulsada por Trump desde su primer mandato. En 2018, ya había usado la IEEPA para responder a supuestos desequilibrios comerciales, pero su segunda administración la elevó a un nivel inédito: aranceles del 25% al acero y aluminio de Canadá y México, hasta 60% a productos chinos clave como semiconductores y vehículos eléctricos, y medidas “recíprocas” automáticas contra la Unión Europea y Brasil por supuestas discriminaciones. Críticos, incluyendo empresas estadounidenses y socios comerciales, argumentan que esto viola la separación de poderes, ya que la Constitución reserva al Congreso la autoridad sobre impuestos y aduanas (Artículo I, Sección 8). Trump, fiel a su estilo directo, ha advertido: “Estamos jodidos” si la Corte falla en contra, según Actualidad RT.
Si la Corte Suprema invalida el uso de la IEEPA para aranceles —un escenario plausible dada la interpretación estricta de precedentes como *Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer* (1952)—, Trump no se quedaría sin opciones. La norma misma menciona “licencias de importación” como alternativa para regular flujos comerciales, una vía que el presidente ha insinuado explorar. Sin embargo, estas exigirían burocracia adicional y podrían enfrentar nuevos desafíos judiciales. Más allá, el Congreso ha delegado poderes al Ejecutivo en múltiples leyes comerciales, aunque todas imponen restricciones que limitan la velocidad y amplitud de las tarifas que Trump prefiere.
Aunque menos flexibles que la IEEPA, estas herramientas permiten mantener la presión proteccionista, pero demandan investigaciones, audiencias y límites temporales o cuantitativos:
- Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962: Permite aranceles ilimitados por “seguridad nacional”. Requiere una investigación del Departamento de Comercio (hasta 270 días). Trump la usó exitosamente en su primer término para acero (25%), aluminio (10%), autos y cobre. En 2025, la aplicó a paneles solares chinos, generando 600.000 millones de dólares en ingresos estimados, según sus declaraciones.
- Sección 201 de la Ley de Comercio de 1974: Responde a importaciones que “dañen gravemente” industrias locales. La Comisión de Comercio Internacional (ITC) investiga en hasta 180 días con audiencias públicas. Límites: máximo 50% adicional, por 4 años (prorrogables a 8). Ideal para sectores como textiles o agricultura golpeados por dumping asiático.
- Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974: Combate prácticas “injustas” como robo de propiedad intelectual. La Oficina del Representante Comercial (USTR) lidera investigaciones y consultas bilaterales. Sin tope arancelario, pero caduca en 4 años sin prórroga. Trump la activó en 2018 contra China (tarifas por 370.000 millones de dólares en importaciones) y en julio 2025 contra Brasil por deforestación, etanol y patentes.
- Sección 122 de la Ley de Autorización de Pagos Internacionales: Aranceles temporales de hasta 15% para déficits de balanza de pagos. No requiere investigación previa, pero dura solo 150 días salvo aprobación congressional. Nunca usada, aunque recomendada por el Tribunal de Comercio Internacional como opción “suave”.
- Sección 338 de la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930: Hasta 50% contra países que discriminen exportaciones estadounidenses. Sin investigación, pero genera alertas en el Congreso por su potencial para escaladas globales, recordando la Gran Depresión.
Un fallo adverso no solo frenaría la agenda “America First”, sino que reconfiguraría el comercio mundial. Países como México (afectado por aranceles al 25% en autos) y China (en guerra abierta desde 2018) han retaliado con tarifas propias, elevando costos para consumidores estadounidenses en un 2-3% según el Peterson Institute. Brasil teme una escalada por la investigación 301, mientras Canadá y la UE negocian exenciones. Trump presume de ingresos récord —”más de 600.000 millones pronto”—, pero economistas advierten de inflación y pérdida de empleos en exportaciones.
En resumen, la Corte definirá hasta dónde llega el poder presidencial en comercio. Trump, con su historial de pivotes creativos, probablemente optará por un mix de estas vías, priorizando la Sección 232 por su amplitud. El mundo observa: ¿victoria judicial o nuevo capítulo de proteccionismo?
