Alma Figueroa empezó a inquietarse al enterarse de que la empresa que suministra gas a su comunidad planea poner a prueba una tecnología que considera riesgosa: la mezcla de hidrógeno con gas natural para el uso doméstico en estufas y otros aparatos. A sus 60 años, con asma y tras la reciente reaparición de un cáncer de pulmón, la idea de que su hogar forme parte de un experimento energético la alarma profundamente. Vecina de Orange Cove, en el Valle Central de California, Figueroa resume su postura con claridad: no quiere ser conejillo de indias.
La iniciativa surge a partir de instrucciones de la agencia reguladora de servicios públicos de California, que ha pedido a Southern California Gas Co. y a otras compañías que desarrollen proyectos piloto para inyectar hidrógeno en la red de gas existente. Para sus defensores, esta estrategia ayudaría a reducir las emisiones que agravan el cambio climático, al disminuir la dependencia del gas natural y aprovechar una infraestructura ya instalada para integrar energías más limpias. La medida también forma parte del esfuerzo estatal por establecer normas para la mezcla de hidrógeno, una tecnología que ha despertado interés en distintos puntos del país.
Sin embargo, en Orange Cove —una comunidad agrícola mayoritariamente latina, de bajos ingresos y con altos índices de asma— muchos residentes sienten que el proceso avanza sin información clara ni una participación real de la población. Proyectos similares en Colorado y Oregón han generado inquietudes parecidas. Aunque el impulso al hidrógeno creció durante la administración de Joe Biden, el panorama cambió con el regreso de Donald Trump a la presidencia, que canceló miles de millones de dólares destinados a esta y otras tecnologías de energía limpia.
El plan para Orange Cove es uno de cinco proyectos propuestos en California para evaluar cómo responden las tuberías de gas y los aparatos domésticos al uso de distintas proporciones de hidrógeno. La propuesta contempla un proyecto piloto de 18 meses en el que SoCalGas construiría una planta solar para alimentar el sistema y distribuir una mezcla con hasta 5% de hidrógeno a negocios y a cerca de 10.000 residentes. El costo estimado asciende a 64,3 millones de dólares, que serían cubiertos por los propios clientes de la empresa.
Quienes respaldan la iniciativa señalan que incluso una mezcla pequeña podría tener beneficios ambientales. Una empresa de servicios públicos de Minneapolis calculó que un 5% de hidrógeno verde reduciría alrededor de 1.200 toneladas de emisiones de carbono al año, el equivalente a sacar de circulación más de 250 automóviles de gasolina. Además, Estados Unidos cuenta con una extensa red de gasoductos —cerca de tres millones de millas— que podría adaptarse para transportar hidrógeno limpio y facilitar una transición gradual lejos de los combustibles fósiles.
El hidrógeno verde se produce mediante energías renovables, como la solar o la eólica, que alimentan un electrolizador capaz de separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Al no contener carbono, se presenta como una alternativa para sectores difíciles de electrificar por completo. El propio gobernador de California, Gavin Newsom, ha defendido su papel como pieza clave del futuro energético del estado. Aun así, expertos advierten que persisten incógnitas importantes. Aunque existe consenso en que mezclas de hasta 20% podrían ser seguras, investigadores subrayan la necesidad de más pruebas en condiciones reales para comprender plenamente los impactos sobre la infraestructura y la salud.
La historia del proyecto en Orange Cove también ha generado suspicacias. Inicialmente, SoCalGas propuso realizar las pruebas en la Universidad de California en Irvine, una zona acomodada, pero modificó el plan tras protestas. Cuando líderes locales de Orange Cove manifestaron interés, la empresa consideró que la ciudad era ideal por contar con tuberías de distintos materiales y una única entrada de suministro de gas, lo que permitiría un mayor control del experimento. El concejo municipal aprobó la propuesta de manera unánime, y la alcaldesa destacó en una reunión pública que podría generar empleo y atraer atención a la ciudad.
No todos comparten ese entusiasmo. Para muchos vecinos, la decisión ignora la vulnerabilidad de una población donde casi el 40% vive en la pobreza y que ya sufre los efectos de la contaminación. Investigaciones señalan que quemar gas con hidrógeno en aparatos antiguos puede incrementar las emisiones de óxidos de nitrógeno, contaminantes que agravan el asma y otros problemas respiratorios. También existen temores sobre el deterioro de materiales, posibles fugas y un mayor riesgo de explosiones, dado que el hidrógeno es altamente inflamable. Otros estudios advierten incluso que el hidrógeno puede contribuir indirectamente al calentamiento global al interactuar con otros gases en la atmósfera.
Grupos ambientalistas y defensores comunitarios sostienen que el hidrógeno debería reservarse para industrias de alto consumo energético, como la aviación o la producción de acero y cemento, y que electrificar los hogares sería una vía más eficiente y segura para reducir emisiones. Desde esta perspectiva, el proyecto resulta costoso e innecesario, además de imponer riesgos a una comunidad con pocos recursos para renovar o mantener sus aparatos.
SoCalGas asegura que, de aprobarse el plan, aplicará estrictas medidas de seguridad, con inspecciones, sistemas de detección de fugas y planes de respuesta ante emergencias. Aun así, para residentes como Alma Figueroa y para jóvenes como Francisco González, de 17 años, el problema central no es el rechazo a las energías limpias, sino la forma en que se toman las decisiones. “No estamos en contra del cambio”, dicen, “pero sí de que se haga sin nosotros”.
