Los principales partidos de la oposición en Italia —el Partido Demócrata (PD), el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y Alleanza Verdi e Sinistra (AVS)— presentaron una moción conjunta para frenar el aumento automático de la edad de jubilación previsto a partir de 2029 y para eliminar el mecanismo que ajusta los requisitos pensionarios en función de la esperanza de vida.
El documento, promovido inicialmente por Chiara Braga, jefa del grupo parlamentario del PD, compromete al Gobierno a revisar de manera inmediata la decisión de elevar la edad mínima de acceso a la pensión y a abolir el sistema de ajuste automático, así como cualquier iniciativa que amplíe los actuales plazos de salida del mercado laboral. La oposición también busca impedir que las pensiones privadas y los fondos complementarios sustituyan al sistema público de protección social.
Según la Oficina Estatal de Contabilidad, de mantenerse la normativa vigente, la edad de jubilación aumentaría tres meses en 2029 y dos meses adicionales en 2031, siguiendo el mecanismo bienal de ajuste a la esperanza de vida. Esto implicaría que, desde el 1 de enero de 2029, la jubilación por vejez se alcanzaría a los 67 años y seis meses, y a los 67 años y ocho meses a partir de 2031. En el caso de la jubilación anticipada, se exigirían 43 años y cuatro meses de cotización desde 2029 y 43 años y medio desde 2031, con un año menos para las mujeres.
La CGIL, principal central sindical del país, advirtió que este ajuste automático podría dejar a unos 55.000 trabajadores sin ingresos ni cotizaciones desde 2027, especialmente a quienes se acogieron a mecanismos de prejubilación, contratos de ampliación o fondos de solidaridad. El sindicato alertó que los cambios “alteran profundamente” los acuerdos firmados hasta finales de 2025, cuando no se preveían incrementos en 2027 y 2028 y el ajuste estimado para 2029 era menor.
La moción también aborda otros aspectos clave del sistema previsional. En particular, exige proteger el reconocimiento de los años de estudios universitarios a efectos de pensión y propone evaluar su gratuidad para facilitar el acceso a la educación superior y compensar el ingreso tardío al mercado laboral.
Además, plantea eliminar el consentimiento tácito para transferir las indemnizaciones por despido a fondos privados de pensiones, reforzar los recursos destinados a trabajadores con empleos extenuantes y restaurar mecanismos de jubilación anticipada para colectivos vulnerables. Entre ellos figuran la ampliación del Plan de Pensiones Sociales (APE) a los trabajadores autónomos y la recuperación de la “Opción Mujer”, eliminada en recientes leyes presupuestarias.
Otro eje central es la creación de una “pensión garantizada” para los jóvenes, integrada al sistema contributivo y vinculada a los años de cotización —incluidos los periodos de cuidados— y a la edad de retiro. La iniciativa busca proteger a quienes tienen trayectorias laborales discontinuas y, al mismo tiempo, incentivar carreras más largas.
La propuesta contempla también una garantía universal de pensión pública, financiada con impuestos generales, que asegure un ingreso no inferior al umbral de la pobreza, así como una revisión de la política salarial para garantizar su poder adquisitivo. En ese marco, la oposición impulsa la adopción de un salario mínimo legal y una ley de representación sindical que frene la llamada “negociación pirata”.
Finalmente, la moción insta al Gobierno a poner en marcha un plan extraordinario y permanente contra el trabajo no declarado, con el objetivo de regularizar el empleo irregular, recuperar cotizaciones impagas y fortalecer el sistema público de bienestar.
