Las autoridades chinas ejecutaron a 11 integrantes de la notoria banda criminal conocida como la familia Ming, un poderoso sindicato delictivo que durante años operó centros de estafa de gran escala en el norte de Myanmar y que, según las investigaciones, recurrió a la violencia extrema contra trabajadores que intentaban huir de estos complejos. La información fue confirmada este jueves por medios estatales chinos, en un caso que vuelve a poner en evidencia la dimensión del crimen organizado transnacional en el sudeste asiático.
La familia Ming formaba parte de las denominadas “cuatro familias” que controlaban amplias zonas del norte de Myanmar, particularmente en regiones fronterizas con China. Estos grupos eran señalados de administrar cientos de complejos dedicados al fraude en línea, además de actividades como la prostitución y la producción de drogas. De acuerdo con reportes oficiales, sus miembros no solo manejaban estas redes criminales, sino que también ocupaban cargos relevantes dentro del gobierno local y mantenían vínculos directos con milicias alineadas con la junta militar que gobierna Myanmar.
Las once personas ejecutadas habían sido condenadas a muerte en septiembre, tras ser halladas culpables de una serie de delitos graves que incluían homicidio, detención ilegal y fraude a gran escala, según informó la agencia estatal Xinhua. Dos de los sentenciados presentaron recursos de apelación, lo que llevó el caso ante el Tribunal Popular Supremo, la máxima instancia judicial de China, que finalmente ratificó las condenas originales.
Durante años, la organización criminal estuvo encabezada por Ming Xuechang y vinculada a un complejo particularmente infame conocido como Crouching Tiger Villa, ubicado en Kokang, una región autónoma en la frontera entre China y Myanmar. En su momento de mayor expansión, el grupo llegó a tener alrededor de 10.000 personas trabajando en actividades ilícitas, principalmente en estafas digitales dirigidas a víctimas dentro y fuera de Asia, según datos de la televisora estatal CCTV.
La capital regional, Laukkaing, se convirtió así en el epicentro de una industria ilegal multimillonaria que prosperó en zonas caracterizadas por la falta de control estatal. Allí, miles de personas traficadas eran obligadas a participar en sofisticados esquemas de fraude en internet, bajo amenazas, castigos físicos y condiciones de encierro extremo.
Tras años de denuncias por parte de familiares de ciudadanos chinos atrapados en estos centros y ante una creciente presión internacional, Beijing lanzó una ofensiva contra estas redes criminales en 2023. En noviembre de ese año, China emitió órdenes de arresto contra varios miembros de la familia Ming, acusándolos de fraude, asesinato y trata de personas, e incluso ofreció recompensas económicas que oscilaban entre los 14.000 y 70.000 dólares por información que condujera a su captura.
El líder del clan, Ming Xuechang, quien también había sido integrante de un parlamento estatal en Myanmar, se suicidó mientras se encontraba bajo custodia, según informaron en su momento medios estatales chinos. Entre los ejecutados figuran su hijo, Ming Guoping, quien era líder de la Fuerza de Guardia Fronteriza de Kokang alineada con la junta militar, y su nieta, Ming Zhenzhen. Antes de la ejecución, los condenados tuvieron la oportunidad de despedirse de familiares cercanos, de acuerdo con el reporte oficial.
Las investigaciones también revelaron que la red de la familia Ming conspiró con Wu Hongming, líder de otro grupo criminal —quien igualmente fue ejecutado—, para asesinar, herir y detener ilegalmente a trabajadores de los centros de estafa. Estas acciones habrían provocado la muerte de al menos 14 ciudadanos chinos, según detalló Xinhua.
Uno de los episodios más graves ocurrió en octubre de 2023, cuando cuatro personas murieron tras un tiroteo dentro de un complejo de fraude. Un informe de CCTV indicó que los atacantes dispararon mientras trasladaban bajo custodia armada a trabajadores del parque de ciberestafas, luego de recibir información sobre una inminente redada policial.
De acuerdo con el United States Institute of Peace, las bandas de estafa que operan en el sudeste asiático generan pérdidas superiores a los 43.000 millones de dólares anuales, consolidándose como una de las economías criminales más lucrativas del mundo. En Myanmar, estas operaciones han sido favorecidas por la corrupción estructural, la debilidad institucional y el prolongado conflicto armado que afecta al país desde hace casi cinco años.
Consultado sobre las ejecuciones, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseguró este jueves que el Gobierno continuará intensificando sus acciones para “erradicar la lacra del fraude y el juego ilegal”, subrayando que Beijing mantendrá una política de tolerancia cero frente a este tipo de delitos, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
