Francia avanza hacia un cambio histórico en su marco legal al prepararse para eliminar de manera explícita cualquier interpretación que asocie el matrimonio con una obligación sexual. Este miércoles, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que consagra en el Código Civil el fin del llamado “deber conyugal” en materia sexual, una noción arraigada durante siglos en la cultura jurídica y social europea. La iniciativa deja claro que la vida en común entre los cónyuges no implica, bajo ninguna circunstancia, una obligación de mantener relaciones sexuales.
La propuesta legislativa introduce una cláusula precisa que busca cerrar definitivamente una ambigüedad histórica: aunque el derecho francés nunca ha mencionado explícitamente un deber sexual dentro del matrimonio, algunos fallos judiciales habían interpretado de forma extensiva el concepto de “vida en común”. Con la nueva norma, se establece que la ausencia de relaciones sexuales no podrá ser utilizada como argumento en un divorcio contencioso por culpa, eliminando así una herramienta que durante años fue invocada de manera desigual y, en muchos casos, perjudicial para las mujeres.
Si bien juristas coinciden en que el impacto práctico del cambio podría ser limitado, debido a que la jurisprudencia ya había evolucionado tras decisiones recientes de tribunales europeos, los impulsores de la ley destacan su valor simbólico, pedagógico y preventivo. Para activistas y organizaciones de derechos humanos, se trata de un mensaje contundente: el consentimiento sexual no se presume, no se hereda del matrimonio y no es permanente.
La diputada Marie-Charlotte Garin, autora del proyecto, fue enfática al defender la iniciativa al señalar que mantener viva la idea del deber conyugal equivale a legitimar estructuras de dominación dentro de la pareja. “El matrimonio no puede ser una burbuja en la que el consentimiento sexual se considere definitivo y válido para toda la vida”, afirmó, subrayando que el consentimiento debe ser libre, actual y revocable en todo momento.
El debate no surge en el vacío. En 2019, un caso judicial generó fuerte controversia cuando una mujer fue considerada responsable del fracaso de su matrimonio por haberse negado durante años a mantener relaciones sexuales con su esposo, decisión que derivó en un divorcio por culpa. El fallo fue posteriormente llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en 2024 condenó a Francia por vulnerar los derechos fundamentales de la demandante, al permitir que la negativa a mantener relaciones sexuales fuera utilizada como sanción legal. La sentencia fue celebrada como un hito por los movimientos feministas y marcó un punto de inflexión en la interpretación judicial del consentimiento dentro del matrimonio.
Desde entonces, los jueces franceses dejaron de emitir decisiones similares, lo que hace que la nueva ley tenga un carácter principalmente aclaratorio. Sin embargo, organizaciones feministas insisten en que, más allá de los tribunales, la idea del deber conyugal sigue presente en el imaginario social, influyendo en comportamientos, silencios y justificaciones que perpetúan el abuso.
El caso de Mazan, en 2024, se convirtió en un símbolo de esta problemática. Allí, Gisèle Pelicot fue víctima de violaciones reiteradas mientras se encontraba inconsciente, tras haber sido drogada por su esposo, quien además facilitó el acceso de otros hombres. Durante el juicio, algunos acusados aseguraron haber asumido que existía consentimiento basándose únicamente en la supuesta autorización del marido, una defensa que expuso crudamente la persistencia de concepciones erróneas sobre el consentimiento sexual en el matrimonio.
En Francia, la violación conyugal está tipificada como delito desde 1990. Antes de esa fecha, el matrimonio podía ser utilizado como argumento para presumir consentimiento automático. En un paso adicional, en noviembre del año pasado, la legislación francesa amplió la definición legal de violación para incluir de forma explícita la ausencia de consentimiento, dejando atrás un enfoque centrado exclusivamente en la violencia, la amenaza o la coacción.
La normativa actual establece que todo acto sexual sin consentimiento libre, informado, previo, específico y revocable constituye violación, y subraya que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia no pueden interpretarse como una aceptación. Este marco legal refuerza la idea de que el consentimiento es un proceso activo y continuo, independientemente del vínculo existente entre las personas involucradas.
Con la aprobación de esta nueva ley, Francia busca alinear su legislación civil con estos principios y enviar una señal clara tanto a los tribunales como a la sociedad: el matrimonio no otorga derechos sobre el cuerpo del otro. Para sus defensores, se trata de un paso más en la construcción de relaciones basadas en la igualdad, la autonomía personal y el respeto, y de una herramienta clave para desmontar narrativas que durante demasiado tiempo normalizaron el abuso dentro de la pareja.
