La justicia colombiana dio un paso determinante en uno de los casos emblemáticos de presunto uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales de 2021. Una jueza penal anunció en las últimas horas sentido de fallo condenatorio contra el patrullero Danilo José Núñez Zabaleta, al encontrarlo responsable de disparar un proyectil de bala de goma a corta distancia contra la joven Leidy Natalia Cadena Torres, quien perdió su ojo derecho como consecuencia del impacto.
Los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2021, primer día del paro nacional, una jornada que desencadenó manifestaciones masivas en todo el país y que dejó decenas de denuncias por abuso policial y violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con la decisión judicial, el uniformado accionó un arma menos letal de manera directa contra la manifestante, incumpliendo los protocolos de uso de la fuerza establecidos tanto por la Policía Nacional como por estándares internacionales. Las armas de este tipo deben emplearse de forma disuasiva y nunca apuntando al rostro o a zonas vitales.
La jueza concluyó que la conducta constituyó el delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente, al causar una discapacidad irreversible a la víctima. El fallo subraya que el disparo se realizó a corta distancia, aumentando el riesgo de daño grave, y sin que existiera una amenaza que justificara tal nivel de fuerza.
En contraste, el entonces teniente Álvaro Ramírez, quien también había sido imputado por la Fiscalía en relación con los mismos hechos, fue absuelto. La jueza determinó que no se probó su responsabilidad directa en el ataque ni su participación en la orden o ejecución del disparo. La absolución evidencia las dificultades probatorias en casos de operativos antidisturbios, donde intervienen múltiples agentes y decisiones tácticas simultáneas.
La agresión contra Cadena Torres se convirtió en uno de los símbolos de las denuncias por violencia policial durante las protestas de 2021, que dejaron cientos de personas lesionadas, varias con daños oculares permanentes.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que este tipo de fallos judiciales representan avances importantes contra la impunidad en casos de abuso de la fuerza pública, aunque insisten en la necesidad de reformas estructurales en los protocolos de intervención en manifestaciones.
Tras el anuncio del sentido de fallo condenatorio, el siguiente paso será la audiencia de lectura de sentencia, en la que se definirá la pena concreta que deberá cumplir el patrullero. También se espera que la defensa interponga recursos legales. Para la víctima y su familia, la decisión representa un reconocimiento judicial del daño sufrido, después de casi cinco años de proceso.
El caso podría sentar un precedente relevante sobre la responsabilidad penal individual de agentes estatales en el uso indebido de armas menos letales. Expertos consideran que este tipo de decisiones judiciales envía un mensaje sobre la obligación del Estado de garantizar el derecho a la protesta pacífica y la protección de la integridad de los manifestantes.
Asimismo, el fallo se produce en un contexto en el que continúan las investigaciones por abusos cometidos durante el paro nacional, lo que mantiene abierto el debate sobre reformas a la fuerza pública y mecanismos de control civil.
