El Comité Olímpico Internacional ha vuelto a situar en el centro del debate deportivo mundial una cuestión que creía superada desde finales del siglo XX. A dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el organismo anunció que la participación en las pruebas femeninas quedará condicionada a la verificación cromosómica del sexo biológico, una decisión que reintroduce criterios abandonados hace más de dos décadas y que redefine quién puede competir en la categoría femenina.
La nueva normativa establece que solo podrán participar atletas consideradas de sexo biológico femenino que no presenten el gen SRY, un marcador genético asociado al desarrollo masculino. Con ello, el COI rompe con el enfoque adoptado en 2021, cuando optó por delegar en cada federación internacional la definición de sus propias reglas sobre elegibilidad, en un intento por adaptarse a la creciente complejidad científica y social en torno al sexo y el género en el deporte. La decisión actual supone, en la práctica, la exclusión tanto de deportistas transgénero como de muchas atletas intersexuales, cuyas características biológicas no encajan en las categorías tradicionales pero que han competido históricamente como mujeres.
El anuncio lleva la firma política de Kirsty Coventry, presidenta del COI desde 2025, y constituye su primera gran medida al frente de la institución. Coventry, doble campeona olímpica y figura influyente dentro del movimiento olímpico, ha optado por un giro regulatorio que busca, según el organismo, “proteger la equidad en la competición femenina”, aunque el costo de esa definición vuelve a abrir tensiones entre ciencia, derechos humanos y deporte de alto rendimiento.
El COI precisó que la medida no tendrá carácter retroactivo, lo que evita revisar resultados ya consolidados. Entre ellos figura el oro obtenido en Juegos Olímpicos de París 2024 por la boxeadora argelina Imane Khelif, quien ha reconocido ser portadora del gen SRY y que en su momento defendió públicamente su identidad femenina frente a cuestionamientos sobre su elegibilidad. Su caso, convertido en símbolo mediático, anticipaba el tipo de dilemas que ahora el COI intenta resolver con criterios biomédicos más estrictos.
La implementación recaerá en las federaciones internacionales y en los organismos deportivos nacionales, responsables de aplicar pruebas únicas en la vida de cada atleta mediante saliva, raspado bucal o análisis de sangre. Sin embargo, el propio COI reconoce que la medida enfrenta obstáculos prácticos y legales, desde la protección de datos genéticos hasta posibles impugnaciones por discriminación.
El retorno a los test cromosómicos remite a una etapa controvertida del olimpismo. Entre los Juegos Olímpicos de México 1968 y los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el COI aplicó controles sistemáticos de “verificación de feminidad” que buscaban evitar fraudes en la categoría femenina. Aquellas pruebas, primero visuales y luego genéticas, fueron progresivamente cuestionadas por la comunidad científica, que advertía su incapacidad para reflejar la complejidad del desarrollo sexual humano. En 1999, bajo presión de expertos y de su propia comisión de atletas, el organismo decidió abandonarlas.
El regreso de estos criterios en pleno siglo XXI refleja un cambio de clima en el deporte internacional, donde varias federaciones ya han endurecido sus políticas de elegibilidad en disciplinas como el atletismo, el boxeo o el esquí. También evidencia la dificultad de conciliar avances científicos, demandas de inclusión y la búsqueda de igualdad competitiva. Lo que en su momento se consideró una práctica obsoleta vuelve ahora como herramienta regulatoria, en un escenario donde el debate ya no es solo médico, sino profundamente político y cultural.
