El concejal Andrés Barrios alertó sobre el deterioro de las condiciones de protección para la niñez en Bogotá y aseguró que la ciudad atraviesa una situación crítica en materia de salud mental, violencia intrafamiliar y garantías de derechos para niños, niñas y adolescentes.
Según el cabildante, aunque existen programas y respuestas institucionales, las acciones actuales no han sido suficientes para frenar problemáticas como el aumento de los casos de suicidio infantil, la violencia dentro de los hogares y los delitos sexuales contra menores de edad.
“Bogotá no puede acostumbrarse a que los niños crezcan en medio del miedo, la violencia o la indiferencia institucional. La protección de la niñez debe convertirse en una prioridad real y urgente”, manifestó Barrios.
De acuerdo con las cifras presentadas, las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Usme concentran algunos de los indicadores más alarmantes relacionados con mortalidad infantil, intentos de suicidio, desnutrición crónica, violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
El concejal también señaló que entre 2023 y 2025 se registraron en Bogotá 415 casos de aborto en niñas entre los 10 y 14 años, así como 2.852 procedimientos en adolescentes de 15 a 17 años. Además, indicó que del total de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en ese periodo, el 98,6 % correspondió a la causal de libre decisión antes de la semana 24 de gestación.
En materia de seguridad, Barrios citó cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, según las cuales durante el primer trimestre de 2026 se reportaron 415 adolescentes y 100 menores en primera infancia víctimas de delitos sexuales en la capital. Advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el año podría cerrar con cifras superiores a las registradas en 2025, cuando 4.490 menores de edad fueron víctimas de este tipo de delitos en Bogotá.
La violencia intrafamiliar también fue señalada como una de las principales alertas. Solo en los primeros meses de 2026 ya se contabilizan 763 niños afectados por agresiones dentro de sus propios hogares. Para el concejal, el incremento resulta preocupante si se compara con los 3.862 casos reportados en 2023 y los 7.280 registrados durante 2025.
El panorama en los entornos escolares tampoco es favorable. Barrios advirtió sobre la presencia de estructuras delincuenciales alrededor de instituciones educativas, dedicadas al microtráfico, reclutamiento y amenazas contra estudiantes. A su juicio, el Distrito aún no cuenta con información consolidada ni con estrategias contundentes para enfrentar esta problemática.
El concejal extendió su preocupación al contexto nacional y recordó que en 2024 el reclutamiento forzado de menores por grupos armados ilegales aumentó un 64 % frente a 2023, una situación que —según afirmó— refleja la creciente vulnerabilidad de la niñez en distintas regiones del país.
Finalmente, Barrios pidió fortalecer la articulación institucional, aumentar la inversión en las zonas más afectadas y vincular a comunidades, organizaciones sociales e iglesias en las estrategias de protección infantil. También insistió en que el Distrito debe asumir una responsabilidad más directa frente a los casos de niños y adolescentes en situación de riesgo.
