La reciente decisión del estado de Nevada de contratar de manera reservada los servicios de la empresa Fog Data Science ha reavivado el debate internacional sobre los límites de la vigilancia digital, la protección de la privacidad y el alcance de las facultades estatales frente a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El acuerdo, firmado a comienzos de 2026 por el Departamento de Seguridad Pública de Nevada, permite a las autoridades acceder a información de geolocalización de teléfonos móviles prácticamente en tiempo real, sin necesidad de obtener previamente una orden judicial.
La herramienta tecnológica desarrollada por Fog Data Science recopila datos provenientes de aplicaciones instaladas en dispositivos móviles que comparten información de ubicación con intermediarios comerciales y plataformas publicitarias. A través de identificadores publicitarios únicos, las autoridades pueden reconstruir desplazamientos, rutinas y “patrones de vida” de las personas, incluyendo lugares de residencia, sitios de trabajo, relaciones frecuentes y movimientos cotidianos.
Aunque la empresa sostiene que los datos son “anonimizados” y vinculados únicamente a dispositivos, organizaciones defensoras de derechos civiles y expertos en privacidad advierten que esta tecnología puede facilitar procesos de identificación indirecta altamente invasivos. La preocupación central radica en que, mediante el análisis masivo de datos, las agencias estatales podrían perfilar ciudadanos sin supervisión judicial efectiva, vulnerando principios esenciales del debido proceso y la protección constitucional contra registros arbitrarios.
Desde la perspectiva del derecho internacional, el caso reabre discusiones sobre el alcance del derecho a la privacidad reconocido en instrumentos como el Organización de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, domicilio o correspondencia. Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que cualquier medida estatal de vigilancia debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y control judicial.
En el ámbito estadounidense, la controversia se centra especialmente en la interpretación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual protege a los ciudadanos frente a registros e incautaciones arbitrarias por parte del Estado. Diversos especialistas consideran que el uso del software podría entrar en conflicto con el precedente establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Carpenter vs. United States (2018), decisión en la que el alto tribunal determinó que el acceso gubernamental a datos históricos de ubicación celular constituye una forma de registro que requiere autorización judicial previa.
La situación también pone sobre la mesa la creciente comercialización de datos personales por parte de aplicaciones móviles y corredores de datos digitales. Muchos usuarios desconocen que aplicaciones de navegación, clima, entretenimiento o redes sociales pueden transferir información de geolocalización a terceros, quienes posteriormente la comercializan con entidades públicas y privadas. Expertos en derechos digitales advierten que esta práctica ha creado un mercado de vigilancia indirecta que permite a gobiernos acceder a información altamente sensible sin recurrir a mecanismos tradicionales de investigación judicial.
El contrato firmado en Nevada, valorado en aproximadamente 12.000 dólares anuales y financiado mediante recursos federales, pasó prácticamente desapercibido debido a que no requirió un proceso amplio de aprobación estatal. Según organizaciones civiles como la American Civil Liberties Union, esto refleja una preocupante falta de transparencia institucional respecto al uso de tecnologías de vigilancia masiva.
Las autoridades estatales han defendido el sistema argumentando que fortalece las capacidades de inteligencia criminal y lucha contra el terrorismo, especialmente en agencias con limitaciones presupuestarias y déficit de personal. Según el Departamento de Seguridad Pública de Nevada, la plataforma permitirá mejorar la coordinación entre agencias locales, estatales y federales en investigaciones criminales y operaciones de seguridad.
Sin embargo, organizaciones como la Electronic Frontier Foundation han advertido sobre el riesgo de abusos, particularmente en contextos políticos o sociales sensibles. Entre las principales preocupaciones figura la posibilidad de rastrear manifestantes, periodistas, activistas o ciudadanos que ejerzan derechos protegidos por la Primera Enmienda estadounidense, incluyendo la libertad de expresión y reunión.
Expertos también señalan que el uso masivo de tecnologías de rastreo podría sentar precedentes complejos para otras democracias occidentales y países latinoamericanos, donde la regulación sobre vigilancia digital aún presenta vacíos normativos importantes. En varios Estados de la región, las legislaciones de protección de datos personales avanzan más lentamente que las capacidades tecnológicas de monitoreo, generando tensiones entre seguridad pública y libertades individuales.
El debate jurídico y político alrededor de Fog Data Science evidencia un desafío global cada vez más urgente: definir hasta dónde pueden llegar los Estados en el uso de tecnologías de vigilancia sin comprometer garantías fundamentales. Mientras gobiernos argumentan necesidades de seguridad y prevención del delito, defensores de derechos humanos sostienen que la ausencia de controles judiciales claros puede transformar herramientas tecnológicas legítimas en mecanismos permanentes de vigilancia ciudadana.
