La Procuraduría General de la Nación abrió formalmente proceso disciplinario contra el mayor del Ejército Sammy Rodríguez Lemus, quien se desempeñó como edecán del presidente Gustavo Petro, por presuntos hechos de acoso sexual y violencia basada en género denunciados por una oficial de la institución militar.
De acuerdo con el organismo de control, los hechos investigados habrían ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Bucaramanga, en un escenario marcado por una relación de subordinación jerárquica entre el investigado y la denunciante. Por esa razón, la Procuraduría indicó que el caso será abordado bajo un enfoque diferencial y de género, teniendo en cuenta las posibles dinámicas de poder y vulnerabilidad dentro de la Fuerza Pública.
Según la investigación disciplinaria, la oficial denunciante habría aceptado trasladar al mayor Rodríguez Lemus en su vehículo luego de encontrarlo en una situación que, según su versión, comprometía la imagen institucional del Ejército. Durante el recorrido, en el que también se encontraba el hijo menor de edad de la uniformada, el oficial presuntamente realizó comentarios de contenido sexual, habría efectuado tocamientos no consentidos y posteriormente profirió insultos y amenazas relacionadas con posibles afectaciones a la carrera profesional de la víctima.
En el auto de cargos, la Procuraduría sostuvo que existen elementos probatorios suficientes para continuar con el juicio disciplinario. El Ministerio Público precisó que la decisión no se fundamenta únicamente en el relato de la denunciante, sino en un conjunto de pruebas recolectadas durante la etapa preliminar, en la cual el investigado tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y participar en la práctica probatoria.
Entre las conductas atribuidas al oficial se encuentran insinuaciones verbales de carácter sexual, contacto físico no autorizado y presuntos actos intimidatorios posteriores al incidente. El expediente también señala que, luego de que la víctima detuviera el vehículo y solicitara ayuda, el comportamiento del mayor habría escalado a agresiones verbales y advertencias relacionadas con eventuales represalias dentro de la institución castrense.
Uno de los aspectos considerados de mayor gravedad por el ente de control es que los hechos denunciados habrían ocurrido en presencia del hijo menor de la oficial. Según la Procuraduría, esta circunstancia podría representar una afectación adicional a los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, elemento que fue incorporado en la valoración disciplinaria preliminar.
Dentro del material probatorio recopilado figuran declaraciones de la víctima, testimonios de suboficiales que acudieron tras el incidente, informes internos del Ejército y evaluaciones médicas y psicológicas practicadas a la denunciante. De acuerdo con el expediente, dichas valoraciones evidenciaron afectaciones emocionales compatibles con un evento traumático o de alto impacto psicológico.
Por su parte, el mayor Rodríguez Lemus rechazó las acusaciones y afirmó que lo sucedido obedeció a una discusión relacionada con la pérdida de un teléfono celular institucional. Sin embargo, la Procuraduría reiteró que la apertura formal del proceso disciplinario responde a la existencia de múltiples elementos de prueba que, en esta etapa procesal, permiten sustentar la formulación de cargos.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la situación de violencia y acoso dentro de las Fuerzas Militares, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, denuncia y protección para las víctimas de violencia basada en género en escenarios de jerarquía y poder.
