El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos puso en marcha una nueva unidad especializada para revisar miles de casos de residentes permanentes legales, con el objetivo de identificar a quienes podrían perder su green card y enfrentar procesos de deportación. De acuerdo con información interna obtenida por The New York Times, al menos 50 personas con residencia permanente ya están siendo consideradas para expulsión del país.
Hasta el 7 de mayo, cerca de 2.890 expedientes habían sido analizados o seguían bajo revisión. Según los datos, en aproximadamente el 80 % de los casos las autoridades concluyeron que no era necesaria ninguna medida adicional, mientras que más de 500 residentes aún permanecían bajo evaluación.
La iniciativa forma parte de la estrategia migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump para detectar posibles fraudes o riesgos de seguridad entre quienes ya cuentan con estatus legal en Estados Unidos. La creación de esta unidad refleja además un endurecimiento de las políticas migratorias, extendiendo el control no solo a personas en situación irregular, sino también a migrantes con residencia legal. En los últimos meses, las autoridades estadounidenses también han impulsado acciones para revisar casos de refugiados y ciudadanos naturalizados, generando inquietud entre muchos inmigrantes de larga permanencia que temen perder su estatus.
La administración Trump sostiene que estas revisiones son necesarias debido a lo que considera fallas en los controles migratorios durante el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, antiguos funcionarios de seguridad nacional han cuestionado el uso de recursos en esta operación, señalando que solo cerca del 2 % de los residentes revisados han sido considerados potencialmente deportables.
Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), aseguró que la agencia está realizando cambios organizativos para reforzar la seguridad nacional y fortalecer el sistema migratorio. Según explicó, entre las personas investigadas hay individuos condenados por delitos como violencia doméstica, agresión sexual, conducción bajo efectos del alcohol o drogas y posesión de elementos relacionados con narcóticos. También mencionó casos de personas acusadas de mentir para obtener la residencia permanente.
No obstante, el reducido número de casos considerados deportables ha llevado a críticos a señalar que la revisión podría estar abarcando a un grupo mucho más amplio que el de personas vinculadas con delitos graves o fraude migratorio.
Documentos revisados por The New York Times indican que esta labor se desarrolla dentro de una nueva “División de Operaciones Tácticas” del USCIS, que incluye áreas enfocadas en desnaturalización, revisión de refugiados y evaluación de residentes permanentes legales. Cerca de 40 funcionarios trabajan actualmente en estas investigaciones.
Especialistas en inmigración consideran que esta política representa un cambio significativo respecto a administraciones anteriores, ya que tradicionalmente las revisiones de antecedentes se realizaban únicamente cuando un residente solicitaba renovar su green card, naturalizarse o acceder a otro beneficio migratorio.
Aunque la ley permite deportar a titulares de residencia permanente por ciertos delitos o por fraude migratorio, el proceso no suele ser inmediato. Los afectados generalmente tienen derecho a comparecer ante un juez de inmigración, quien determina si procede o no la expulsión del país.
