Un fallo emitido por un tribunal federal ha devuelto la esperanza a miles de inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica, trata de personas y otros delitos graves, luego de que un juez restaurara de forma temporal varias protecciones migratorias que habían sido debilitadas a comienzos de este año, según denunciaron organizaciones proinmigrantes.
La decisión judicial, emitida el martes pasado en California, suspendió parcialmente una política impulsada por la administración Trump en enero de 2025, la cual autorizaba a las autoridades migratorias a detener y deportar con mayor facilidad a personas que buscaban protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), además de quienes tenían solicitudes relacionadas con las Visas U y T.
El juez también aprobó la certificación de clases nacionales para sobrevivientes con trámites migratorios pendientes, lo que permitirá extender ciertas protecciones mientras continúa el proceso legal.
La demanda, conocida como Immigration Center for Women and Children v. Mullin, fue presentada por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Los grupos aseguraron que, tras los cambios implementados este año, aumentaron considerablemente los arrestos y deportaciones de personas que ya habían iniciado procesos legales para obtener protección como víctimas de abuso o trata.
Defensores de inmigrantes calificaron el fallo como una victoria importante para miles de personas vulnerables que habían dejado de denunciar delitos por temor a ser deportadas.
Rebecca Brown, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, afirmó que la resolución deja claro que el gobierno no puede expulsar a sobrevivientes que cuentan con bases legales para permanecer en el país. También señaló que los programas de Visa U, Visa T y VAWA fueron creados precisamente para proteger a víctimas y fomentar que colaboren con las autoridades sin miedo.
La corte ordenó además que el Departamento de Seguridad Nacional permita el regreso a Estados Unidos de tres demandantes que ya habían sido deportados. Entre ellos se encuentra una mujer identificada como Carmen F., sobreviviente de violencia doméstica.
De acuerdo con la demanda, Carmen y su hijo fueron detenidos por agentes de ICE durante una cita migratoria, pese a que ella tenía una solicitud de Visa U en trámite. Tras ser deportada, presuntamente volvió a encontrarse con su agresor en su país de origen y se vio obligada a regresar con él.
Para las organizaciones involucradas, la decisión judicial representa no solo un triunfo legal, sino también un paso importante para recuperar la confianza de las víctimas inmigrantes que buscan ayuda mediante canales oficiales.
Bardis Vakili, director legal del Center for Human Rights & Constitutional Law, indicó que la orden restablece temporalmente parte de la protección prometida a sobrevivientes que denuncian abusos y colaboran con las autoridades. Sin embargo, advirtió que la batalla legal aún continúa.
Las organizaciones estiman que el fallo podría beneficiar de inmediato a miles de personas con casos migratorios pendientes en todo Estados Unidos. Jessica Farb, subdirectora del Immigration Center for Women and Children, sostuvo que la decisión devuelve tranquilidad a quienes solicitaron protección bajo leyes creadas específicamente para sobrevivientes de violencia y explotación.
Asimismo, activistas argumentaron que las deportaciones masivas y el temor migratorio terminan afectando la seguridad pública, ya que muchas víctimas y testigos dejan de denunciar delitos por miedo a ser arrestados.
Jordan Weiner, director ejecutivo interino de La Raza Centro Legal, aseguró que eliminar políticas destinadas a fortalecer la cooperación entre comunidades inmigrantes y autoridades policiales perjudica la seguridad de toda la población. La demanda fue impulsada por organizaciones como Public Counsel, Center for Human Rights and Constitutional Law, La Raza Centro Legal y CHIRLA, entre otras agrupaciones de apoyo a sobrevivientes.
Aunque la medida judicial es temporal, defensores consideran que podría convertirse en un punto clave dentro de la disputa legal sobre el trato que reciben los sobrevivientes inmigrantes bajo las políticas migratorias de Estados Unidos. Angelica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, afirmó que el tribunal reconoció los riesgos que enfrentan miles de sobrevivientes inmigrantes y expresó su intención de luchar para que estas protecciones se conviertan en permanentes.
