La propuesta del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de decretar el confinamiento de la población migrante en Ceuta por «riesgo sanitario» ha encendido una polémica que trasciende la gestión de brotes infecciosos y abre un debate sobre los límites de las medidas de salud pública en contextos de crisis humanitaria.
En una entrevista con Europa Press, Feijóo pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que estudie «muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública», tras ser informado por el Colegio de Médicos y el de Enfermería de Ceuta sobre casos de tuberculosis, sarna, varicela y más de 450 episodios de gastroenteritis entre los miles de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras el asalto masivo de finales de julio.
El dirigente popular advirtió que «10.000 personas vagando por las calles, entre las playas, las colinas y los barrancos de Ceuta, sin cobijo, sin atención y en condiciones de insalubridad» representan un riesgo evidente de propagación de enfermedades que podría tener «un enorme impacto en la población». Feijóo afeó además a la ministra de Sanidad, Mónica García, que «haya tardado 17 días en ir a Ceuta».
La ministra Mónica García rechazó la propuesta en un hilo de mensajes en X, calificándola de «injustificada y totalmente desmesurada si la justificación esgrimida son motivos de salud pública». García recordó que la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, exige «indicios racionales» para decretar confinamientos, y que estos deben guardar relación con el mecanismo de transmisión de las enfermedades que se pretende controlar.
«Podría suponer mucho más dañino que beneficioso en términos de salud pública», afirmó la ministra, quien además subrayó que las competencias en materia de salud pública en Ceuta corresponden al Gobierno de la Ciudad Autónoma, no al Ejecutivo central.
La ministra desgranó las cifras citadas por Feijóo para contextualizar la situación epidemiológica:
– Tuberculosis: Tres casos confirmados, ninguno vinculado a un brote entre migrantes. Uno ya estaba en tratamiento y no era contagioso; otro era tuberculosis cerebral (no contagiosa); y el tercero era una persona presente en Ceuta desde antes de la crisis, sometida a proceso diagnóstico previo. García añadió que desde el cierre de fronteras en 2020 se han registrado unos 90 casos de tuberculosis en Ceuta y 20.000 en toda España.
– Varicela: Tres casos sospechosos, uno descartado (procedente de la Operación Paso del Estrecho) y dos ingresados pendientes de confirmación, «sin relación con la población migrante ni entre sí».
– Sarna: García recordó que entre 2021 y 2023 se detectaron 1.529 brotes con 11.301 casos en España, según un estudio publicado en Eurosurveillance, y que el control corresponde a los servicios de salud pública de Ceuta. Esta misma semana se confirmó que al menos 26 militares y dos policías desplegados en la ciudad se han visto afectados por un brote de sarna, aunque Defensa aseguró que los contagios «no están relacionados» con contactos con inmigrantes.
– Gastroenteritis: La ministra matizó la cifra de 450 casos citada por Feijóo: «Podríamos hablar de 55 casos de probable E. coli enteroinvasiva ya controlado y sin desarrollo posterior de más casos», vinculados al consumo de aguas «no aptas» en la ciudad autónoma.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que gestiona la sanidad en Ceuta, el viernes se realizaron 279 atenciones a migrantes, la mayoría en atención primaria y urgencias, además de 81 atenciones en el dispositivo especial instalado en la Playa del Trampolín. Estas intervenciones sobre el terreno buscan evitar que las personas con dolencias leves acudan a centros sanitarios ya saturados.
La propuesta de Feijóo ha sido interpretada por sectores de derechos humanos y organizaciones sociales como un precedente peligroso que podría normalizar el confinamiento masivo de personas migrantes bajo el pretexto de la salud pública, una práctica que recuerda a medidas de segregación y control poblacional históricamente asociadas a regímenes autoritarios.
La ministra García insistió en que la prioridad debe ser «mejorar las condiciones sanitarias y de alojamiento de las personas que permanecen en la ciudad», en lugar de recurrir a medidas excepcionales que, según advirtió, podrían resultar «contraproducentes».
Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas para tratar el envío de vacunas a Ceuta, en un intento de reforzar la respuesta sanitaria sin recurrir a restricciones de movilidad que podrían vulnerar derechos fundamentales y agravar la situación humanitaria en la ciudad autónoma.
