El asesinato de Zaira Díaz Flórez, dentro de su propia vivienda en Montería, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda sobre la seguridad, la capacidad de respuesta institucional y las contradicciones de una ciudad que busca consolidarse como referente regional, mientras episodios de violencia estremecen a sus habitantes. La muerte de su perro, que presuntamente intentó protegerla de los sicarios, añade una dimensión dolorosa a un crimen que no puede reducirse a una simple estadística judicial.
El ataque, atribuido preliminarmente a dos hombres que se movilizaban en motocicleta, ocurrió en el barrio Nariño. Según la información divulgada, la mujer recibió cuatro disparos y los responsables huyeron. Las autoridades investigan si el homicidio estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas, teniendo en cuenta que la víctima figuraba en varias investigaciones penales. Sin embargo, esa hipótesis todavía debe ser esclarecida y no constituye, por sí sola, una explicación definitiva del crimen.
Más allá de las circunstancias particulares del caso, el episodio plantea una discusión de fondo: ¿hasta qué punto la violencia está desafiando la percepción de seguridad en Montería y qué están haciendo las instituciones para contenerla? Montería ocupa un lugar central en la vida política, económica y social de Córdoba. Su condición de capital departamental la convierte en escenario de decisiones públicas, disputas electorales y expectativas ciudadanas sobre el orden, la convivencia y el desarrollo. Por eso, los hechos violentos ocurridos en sus barrios trascienden el ámbito de la crónica judicial: también ponen a prueba la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la población.
La coyuntura adquiere un matiz político particular por la relación de Montería con Abelardo de la Espriella, quien ha presentado a Córdoba como su tierra de origen familiar y afectivo, aunque nació en Bogotá. Esa identificación con el territorio convierte a la región en parte de su identidad pública, pero no significa que los problemas de seguridad de la capital cordobesa puedan atribuirse automáticamente a su figura ni que exista una responsabilidad directa suya sobre la gestión local.
La distinción es importante. Una cosa es la pertenencia simbólica a una tierra y otra, muy diferente, es la responsabilidad administrativa sobre sus problemas. La seguridad cotidiana de Montería corresponde, dentro de sus respectivas competencias, a las autoridades municipales, la Policía, la Fiscalía y las demás instituciones del Estado. Cualquier evaluación de su desempeño exige examinar decisiones, resultados, recursos y estadísticas verificables, no solamente afinidades políticas o discursos públicos.
El aspecto más perturbador de este caso es el lugar donde ocurrió: la vivienda de la víctima. El hogar suele representar un espacio de refugio, pero el ingreso de hombres armados para cometer un homicidio rompe esa sensación básica de protección. La muerte del animal que, según los testimonios, habría reaccionado para defender a su dueña profundiza el impacto emocional y expone la brutalidad del episodio.
También es necesario evitar una conclusión apresurada. La existencia de investigaciones penales contra la víctima puede formar parte del contexto que examinan los investigadores, pero no reemplaza la obligación de esclarecer quién ordenó el ataque, quiénes lo ejecutaron y cuáles fueron sus verdaderas motivaciones. La investigación judicial debe establecer los hechos con pruebas, sin convertir las hipótesis en sentencias anticipadas.
En una ciudad como Montería, la seguridad no debería medirse únicamente por la reacción institucional después de un homicidio. También importa la capacidad de prevenir ataques, identificar estructuras criminales, esclarecer los casos y evitar que la violencia se normalice en la conversación pública.
La coyuntura exige preguntas concretas: ¿qué muestran las cifras recientes de homicidios en Montería?, ¿cuántos casos han sido esclarecidos?, ¿qué estrategias existen para combatir el sicariato y las redes que lo financian?, ¿cómo se coordinan la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía? Sin datos comparables y resultados verificables, cualquier balance político corre el riesgo de quedarse en propaganda o en una condena pasajera.
La discusión también interpela a quienes reivindican a Córdoba como parte central de su identidad política. Cuando un dirigente convierte un territorio en símbolo de sus raíces, ese vínculo puede abrir una conversación legítima sobre sus necesidades y oportunidades. Pero la representación simbólica no equivale a ejercer el gobierno ni autoriza a responsabilizar a una persona por hechos sobre los que no se ha demostrado que tenga incidencia.
Montería no necesita que su identidad política se confunda con una promesa de seguridad; necesita instituciones capaces de demostrarla con resultados. El asesinato de Zaira Díaz y la muerte de su perro merecen una investigación rigurosa, justicia para las víctimas y respuestas públicas sustentadas en evidencia.
Al final, la ironía no consiste en que la tierra adoptiva de una figura política padezca un crimen violento. Consiste en la distancia que puede existir entre la imagen de un territorio que se reivindica con orgullo y la realidad de sus ciudadanos cuando la violencia irrumpe en su vida cotidiana. Esa distancia no se cierra con símbolos ni declaraciones: se reduce con prevención, justicia, transparencia y una política de seguridad cuyos resultados puedan ser examinados por todos.
Zaira Díaz Flórez, mujer asesinada en Montería.
