Luciano trabaja en el corazón de Copacabana, frente al legendario Copacabana Palace —el hotel de 226 habitaciones y 146 suites donde alguna vez se hospedaron Walt Disney, Albert Einstein, la princesa Diana y Paul McCartney. Desde allí, este guía carioca de 42 años ofrece excursiones por tierra, mar y aire. “Para conocer Río, hay que hacerlo conmigo”, repite a los turistas. Pero últimamente, la pregunta que más escucha no es sobre los paseos, sino sobre el peligro.
El temor se percibe en las calles y también en un detalle visible desde este jueves: hay mucha más policía. La presencia de uniformados transmite a la vez alivio e inquietud. Refuerza la seguridad, pero también la sensación de que algo grave puede suceder. Las zonas turísticas —Copacabana, Ipanema, Leblon y Barra— están completamente blindadas. Una de las hipótesis que circula es que el narcotráfico podría tomar represalias. El motivo: el jefe del Comando Vermelho, Edgar Alves Andrade, alias Doca, acusado de más de cien homicidios, logró escapar tras una operación policial que dejó más de 120 muertos.
Desde entonces, los patrulleros se multiplicaron. Cuatro camionetas de la Policía Militar, tres de ellas cerradas y una abierta con una docena de efectivos armados, ingresan por la autopista rumbo al centro y las playas. En la Avenida Atlántica, los controles son visibles pero discretos; sin embargo, a pocas cuadras del mar, los móviles estacionados en plazas y esquinas confirman que el refuerzo es masivo.
El miércoles, tras el hallazgo de medio centenar de cuerpos en la Sierra de la Misericordia —que se sumaron a los 62 muertos del día anterior en la ofensiva contra el Comando Vermelho—, el coronel Marcelo de Menezes, secretario de la Policía Militar, dispuso una medida drástica: sacar a los agentes administrativos de las comisarías y enviarlos a patrullar.
En apenas 24 horas, la presencia policial en las calles de Río creció “más de un 40 %”, según Menezes. Con 40.000 efectivos en todo el estado, el aumento se nota especialmente en las zonas turísticas. Allí caminan Marcela y Marina, dos argentinas que acaban de llegar con sus esposos para pasar ocho días de vacaciones.
—“Hasta ayer dudé si venir… cuando una tiene hijos, el miedo pesa”, dice Marcela.
—“Yo ya conocía Río y le aseguré que en las playas hay seguridad”, responde Marina. “Recién llegamos, pero lo veo todo tranquilo”. A pocos metros, Brenda, promotora de un restaurante frente al mar, coincide: “Hay más policías que antes. Los turistas preguntan si es peligroso, pero aquí siempre se habla de inseguridad. Ahora, por lo menos, se los ve en la calle”.
El refuerzo responde también a una política del gobernador Claudio Castro, opositor del presidente Lula da Silva, que ha hecho de la seguridad su principal bandera. En ese contexto, una nueva resolución municipal autorizó a portar armas a los policías de tránsito y a los guardianes de parques y plazas, algo que antes estaba prohibido.
La tensión entre el gobierno estatal y el federal creció tras la operación que desató la masacre. Desde Brasilia intentaron desligarse, afirmando que no fueron informados del operativo, mientras que el estado de Río sostiene lo contrario. De los 2.500 agentes que participaron en el asalto a los bastiones del Comando Vermelho, todos pertenecían a fuerzas locales.
Ahora, las sospechas apuntan a una posible filtración: ¿sabían los narcos que la policía atacaría esa madrugada? Algunos indicios lo sugieren. Los criminales esperaron vestidos con uniforme militar y equipados con drones armados, uno de los cuales mató a cuatro policías. Además, entre los 133 detenidos, al menos 33 no son de Río, sino de otras regiones de Brasil, lo que refuerza la idea de que recibieron refuerzos antes del operativo.
