A pesar de haber sido sentenciada a más de 36 años de prisión por el homicidio de su hijo de 15 meses, la enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas permanece en libertad, sin que hasta ahora se haya hecho efectiva la orden de captura en su contra.
El crimen ocurrió en abril de 2022 en una playa del sector de Guachaca, zona rural de Santa Marta, donde el menor murió tras ser sumergido en el mar, en hechos que inicialmente fueron presentados como un accidente. Sin embargo, las investigaciones determinaron que la muerte fue provocada de manera intencional.
Tras un proceso judicial marcado por demoras y recursos legales, un juez condenó a Higuera a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado. No obstante, la sentencia aún no se ha materializado en su detención, lo que ha generado indignación en la familia del niño.
El padre del menor, Edwin Guerrero Sánchez, asegura que la falta de acciones concretas por parte de las autoridades ha dejado la decisión judicial sin efecto práctico. Según denuncia, pese a sus constantes solicitudes de información, no ha recibido respuestas claras sobre el paradero de la mujer ni sobre los operativos para capturarla.
La condenada había recuperado su libertad en 2024 debido al vencimiento de términos, tras los aplazamientos del proceso. Desde entonces, según la familia, no se habrían aplicado medidas eficaces para garantizar su comparecencia ante la justicia.
Guerrero sostiene que esta situación ha prolongado su dolor y debilitado su confianza en las instituciones. Afirma que, mientras el caso aparece como resuelto en los registros judiciales, en la práctica la pena no se cumple.
La muerte del menor generó gran impacto cuando se conoció que el bebé había fallecido en el mar en el sector de Buritaca, al norte del Magdalena. La madre aseguró en un principio que una corriente marina le arrebató al niño, versión que fue descartada por los investigadores.
Peritajes forenses, reconstrucciones del hecho y contradicciones en sus testimonios llevaron a la Fiscalía a concluir que el menor fue sumergido de manera deliberada hasta causarle asfixia. El fallo judicial estableció que existió intención de matar y no circunstancias accidentales.
Para el padre del niño, la falta de cumplimiento de la sentencia impide cerrar el duelo y avanzar. Insiste en que continuará exigiendo la captura como un acto de justicia y de memoria para su hijo.
El caso reabre el debate sobre los riesgos de que personas condenadas permanezcan en libertad cuando no existen controles efectivos para asegurar su ubicación, especialmente en delitos de alta gravedad.
Mientras tanto, la familia espera que las autoridades ejecuten la orden de captura y que la sentencia deje de ser solo un documento para convertirse en una sanción efectiva.
