Una mujer de 32 años, identificada como Liceth del Carmen Barrios Monterrosa, permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de haber sido brutalmente agredida por su pareja en una vivienda del barrio Santa Elena, en Baranoa, Atlántico, el pasado 6 de diciembre. Aunque la gravedad del ataque activó las alarmas ciudadanas, las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia de género, especialmente el centro asistencial que la recibió, habrían incumplido obligaciones esenciales.
De acuerdo con versiones preliminares, Barrios Monterrosa logró huir de su vivienda cuando su agresor, identificado como Carlos de la Cruz Silvera, se quedó dormido tras propinarle una golpiza. La mujer salió junto a sus hijas de 14 y 4 años para pedir ayuda y fue trasladada inicialmente a un centro médico, y posteriormente remitida a la Clínica Reina Catalina debido a la severidad de sus heridas. Los médicos confirmaron la presencia de lesiones internas graves que obligaron a dos intervenciones quirúrgicas de urgencia.
Sin embargo, pese a la contundencia de los signos de violencia intrafamiliar registrados en la epicrisis, la diputada del Atlántico Alejandra Moreno Astwood denunció que la Clínica Reina Catalina no reportó el caso a las autoridades competentes, omisión que constituye una violación directa a los protocolos obligatorios para la atención de víctimas de violencia de género. Esta falta de reporte impidió que Policía y Fiscalía activaran oportunamente las rutas de protección, poniendo en mayor riesgo a la víctima y a sus hijas.
Moreno señaló que la situación de violencia entre la mujer y su agresor era reiterada y conocida por algunas entidades, pero las rutas de atención se encontraban debilitadas y la respuesta institucional fue insuficiente. “Hoy Liceth Barrios está luchando por su vida y aún no existe orden de captura contra el agresor. Estoy solicitando que la Fiscalía avance en la imputación por tentativa de feminicidio dada la gravedad del ataque”, afirmó la diputada.
También cuestionó que no se implementaron medidas de protección integrales para la víctima ni para sus hijas. La Policía Púrpura y el ICBF, según Moreno, actuaron de manera parcial, dejando a una de las niñas bajo el cuidado de familiares maternos mientras que la otra permanece con el padre, quien sería el presunto agresor. A ello se suma la ausencia de acompañamiento psicológico, médico y social para las menores, lo que evidencia un vacío institucional en la atención posterior a la emergencia.
La diputada agregó que la falta de empatía y articulación entre las entidades responsables perpetúa escenarios de riesgo y agrava la vulnerabilidad de las mujeres que denuncian. “Ninguna entidad está asumiendo por completo la protección de la familia. Las fallas en el sistema ponen a las víctimas en un ciclo de desprotección que puede terminar, como en este caso, en consecuencias casi fatales”, precisó.
La situación adquiere mayor relevancia debido a que, el mismo día, en Cartagena se registró un feminicidio consumado. Una joven de 22 años fue asesinada con arma cortopunzante por su pareja de 40 años durante una discusión. Aunque el agresor fue capturado y la Fiscalía le imputó feminicidio agravado, el contraste con la respuesta en el caso de Baranoa evidencia la inconsistencia en la aplicación de los protocolos de justicia y protección para las mujeres en riesgo.
