El Gobierno nacional radicó en el Congreso un proyecto de ley que endurece el régimen sancionatorio del sector transporte y que, en la práctica, declara ilegales los servicios de transporte prestados con vehículos particulares a través de plataformas digitales como Uber, DiDi, Cabify o InDrive.
La iniciativa contempla multas de hasta COP 4,7 millones por cada viaje, inmovilizaciones de vehículos que pueden llegar a 120 días y la posibilidad de suspensiones o cierres preventivos de aplicaciones, incluso sin orden judicial previa. Para gremios del sector digital, como Alianza In, la propuesta no regula el fenómeno, sino que lo elimina por vía administrativa, afectando a cientos de miles de conductores y a millones de usuarios.
Según el texto presentado por el Ministerio de Transporte, los servicios prestados mediante vehículos particulares quedarían expresamente tipificados como actividades ilegales y sancionables, sin que se establezca un mecanismo de habilitación legal para quienes hoy operan a través de plataformas. El resultado práctico, advierten los críticos del proyecto, sería el cierre de un mercado que hoy cumple una función clave de movilidad y generación de ingresos.
Hasta ahora, estas plataformas han funcionado en una zona gris normativa. Sin embargo, José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In, sostuvo que el proyecto desconoce decisiones de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que han reconocido estos servicios como una manifestación del derecho a beneficiarse de los avances tecnológicos.
El régimen sancionatorio propuesto incluye inmovilizaciones progresivas de 60, 90 y hasta 120 días para los conductores reincidentes, además de sanciones económicas para usuarios y plataformas por “facilitación del transporte ilegal”. También se establecen multas que podrían alcanzar los COP 726 millones para conjuntos residenciales que, según la autoridad, no colaboren con los controles.
Uno de los puntos más controversiales es la facultad otorgada a la Superintendencia de Transporte, alcaldías y áreas metropolitanas para ordenar la suspensión inmediata de plataformas o de líneas de servicio, sin necesidad de una decisión judicial previa. Desde el sector digital se advierte que esta disposición abre la puerta a bloqueos administrativos con impacto masivo y vulnera principios como la neutralidad de red.
Especial preocupación ha generado el artículo 68, que califica el transporte ilegal como un factor con potencial de afectar el orden público, lo que convierte a los conductores de plataformas en un asunto de seguridad y no solo en una expresión de informalidad laboral.
El proyecto también impone restricciones a funcionarios públicos. El artículo 69 establece que congresistas, alcaldes y otros servidores deberán abstenerse de realizar manifestaciones que promuevan o incentiven estos servicios, lo que, según López, equivale a una limitación al debate público.
Desde Alianza In se afirma que la iniciativa contradice acuerdos alcanzados con el Gobierno en 2023 y que el sector no fue incluido en el proceso de concertación. A su juicio, la propuesta pondría en riesgo una fuente de ingresos para cientos de miles de familias y restringiría la libertad de elección de millones de usuarios.
El debate se da en un contexto económico particular: crecimiento moderado, alta informalidad laboral y un sector transporte que solo en 2025 sumó más de 112.000 nuevos trabajadores, alcanzando cerca de 1,8 millones de empleos. Plataformas como Uber reportan más de 100.000 conductores vinculados, incluidos miles de taxistas.
Pese a ello, el proyecto no ofrece una ruta para la formalización de los conductores de plataformas. Por el contrario, exige requisitos —como tarjeta de operación, FUEC, control tarifario o planillas de despacho— que solo existen dentro de modalidades de transporte tradicionalmente reguladas, dejando por fuera a los servicios digitales.
Así, el debate ya no gira en torno a cómo integrar o regular las plataformas dentro del sistema de movilidad, sino a definir qué modelos pueden operar y cuáles quedarían excluidos. Incluso el sector taxi podría verse impactado por un esquema sancionatorio más rígido y ambiguo.
La discusión ahora queda en manos del Congreso. De aprobarse el proyecto, no solo cambiaría la movilidad urbana, sino también la relación entre regulación, innovación y economía digital, en un país donde el transporte sigue siendo una de las principales fuentes de inconformidad ciudadana.
