La salida de Acxan Duque del Gobierno se produjo en medio de una controversia que vuelve a poner bajo escrutinio los protocolos frente al acoso en el sector público. Este jueves se confirmó que fue aceptada su renuncia como viceministro de Igualdad, luego de que se conocieran denuncias por presunto acoso sexual a una funcionaria de la misma cartera.
El caso salió a la luz tras la circulación de una captura de pantalla de una conversación, en la que se observa el envío de una imagen íntima —sin contenido explícito visible en la versión difundida— acompañada de un mensaje de rechazo por parte de la presunta víctima. En el chat, la funcionaria responde de forma directa calificando el contenido como “una falta de respeto grave” y deja constancia de que ese tipo de conducta no tiene cabida en una relación laboral.
Según versiones conocidas, la imagen habría sido enviada sin consentimiento, lo que constituye el núcleo de la denuncia. Aunque hasta el momento no se ha informado de una decisión judicial, la gravedad del señalamiento llevó a que se activaran alertas internas y a que el caso escalara rápidamente a niveles políticos.
Fuentes cercanas al proceso señalan que la renuncia fue presentada en medio de la presión pública y la necesidad de evitar un mayor desgaste institucional en el Ministerio de Igualdad, una cartera especialmente sensible frente a temas de género, derechos y protección de poblaciones vulnerables. La aceptación de la dimisión busca, según trascendió, facilitar el desarrollo de las investigaciones sin interferencias.
El episodio abre nuevamente el debate sobre las dinámicas de poder en el ámbito laboral estatal y la efectividad de los canales de denuncia. Expertos en derecho laboral y enfoque de género coinciden en que el envío de contenido íntimo no solicitado puede configurar una forma de acoso, particularmente cuando existe una relación jerárquica o de subordinación, como la que se presume en este caso.
Hasta ahora, no se ha confirmado si la denunciante ha presentado una queja formal ante instancias disciplinarias o penales, pero el material difundido ha sido suficiente para generar una reacción institucional inmediata. Tampoco se conocen declaraciones públicas de Duque en respuesta a los señalamientos.
El caso ocurre en un momento en que las entidades públicas enfrentan una creciente exigencia de coherencia entre su discurso y sus prácticas internas, especialmente en lo relacionado con la equidad de género. La salida del viceministro, más allá de las responsabilidades individuales que deberán establecer las autoridades competentes, deja en evidencia la fragilidad de esos estándares cuando se presentan denuncias de este tipo dentro de las propias instituciones encargadas de promoverlos.
Mientras avanzan las posibles investigaciones, el episodio se suma a una lista de casos recientes que han puesto en evidencia la persistencia del acoso en entornos laborales, incluso en espacios donde la protección de derechos es parte central de la agenda institucional.
