La escena recordó a muchas de las imágenes que América Latina ha visto durante años de protestas reprimidas con violencia estatal. En Santa Ana, California, un joven manifestante de 21 años luchaba por respirar mientras se aferraba al cuello de su camisa, intentando evitar asfixiarse, al tiempo que un agente del Departamento de Seguridad Nacional lo arrastraba hacia el interior de un edificio federal. El testimonio fue entregado posteriormente a una organización de justicia social.
El joven, identificado como K, había recibido el impacto directo de un proyectil “menos letal” disparado a muy corta distancia. Según su relato, la sangre comenzó a acumularse bajo su cuerpo, espesa y oscura, extendiéndose más allá del tamaño de su cabeza. Desesperado, pidió asistencia médica inmediata. En lugar de ayuda, asegura haber recibido burlas por parte de los agentes, quienes se reían de la posibilidad de que jamás volvería a ver con su ojo izquierdo.
El relato fue leído públicamente por Rue El Amar, amigo cercano de K, durante una rueda de prensa frente a la cárcel de Santa Ana, convocada por la organización Dare to Struggle. La protesta original había sido convocada en rechazo al asesinato de Renee Good, ocurrido días antes en Minnesota a manos de un agente de ICE.
Las grabaciones del momento muestran a varios agentes federales avanzando contra un pequeño grupo de manifestantes. Tras un intento de detención, otros protestantes intervinieron, y la respuesta policial fue inmediata: disparos de munición menos letal dirigidos directamente hacia la multitud. Uno de esos proyectiles impactó el rostro de K, quien cayó al suelo sujetándose la cara mientras los demás se dispersaban.
K continúa hospitalizado. Perdió completamente la visión de su ojo izquierdo, sufrió la destrucción del conducto lagrimal y tiene fragmentos de plástico, vidrio y metal alojados en el cráneo y el estómago. Un fragmento metálico permanece a milímetros de la arteria carótida, imposibilitando su extracción sin riesgo vital.
Este episodio se inscribe en un patrón más amplio de represión contra la protesta social que ha sido documentado en distintos países. En Colombia, durante el estallido social de 2019 y 2021, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) fue duramente cuestionado por el uso excesivo de la fuerza. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Dilan Cruz, un joven de 18 años que murió tras recibir en la cabeza el impacto de un proyectil disparado por un agente del ESMAD en Bogotá, mientras participaba en una manifestación estudiantil.
A ese caso se suman otros igualmente graves, como el de un joven manifestante que perdió un ojo tras ser impactado en el rostro por un proyectil del ESMAD, una lesión que se repitió en decenas de víctimas y que se convirtió en símbolo de las denuncias por brutalidad policial en Colombia. Las imágenes de jóvenes con parches oculares circularon ampliamente como evidencia del uso indebido de armas “menos letales” disparadas a corta distancia y dirigidas a la cara.
Al igual que K, tanto Dilan Cruz como los jóvenes mutilados durante las protestas colombianas no representaban una amenaza letal. En todos los casos, la munición utilizada estaba diseñada —al menos en teoría— para el control de multitudes, pero terminó causando daños irreversibles o la muerte. La diferencia geográfica no ocultó la similitud del método.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional calificó los hechos en Santa Ana como un disturbio protagonizado por “alborotadores”, testigos presenciales negaron ataques graves contra los agentes. En Colombia, las autoridades también justificaron reiteradamente la actuación del ESMAD bajo el discurso del orden público, pese a la abundancia de registros audiovisuales, investigaciones periodísticas y denuncias de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
“Me concentré en las voces de mis amigos y camaradas para seguir con vida”, dijo K. Una frase que podría reflejar también la experiencia de quienes sobrevivieron a la represión en Colombia, pero quedaron marcados de por vida. Distintos países, diferentes fuerzas de seguridad, pero un mismo patrón: la criminalización de la protesta social y el uso de la fuerza estatal con consecuencias irreparables para quienes exigen justicia en las calles.
