La aceptación de cargos por parte de Kardyn Daniel Montilla Baquero, señalado como responsable de múltiples ataques contra mujeres en el sur de Bogotá, marca un punto decisivo en el proceso judicial y abre interrogantes sobre la eventual reducción de la condena que podría recibir.
La Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente por feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad personal. Durante la audiencia, el procesado admitió los cargos de manera libre y voluntaria, lo que jurídicamente habilita beneficios punitivos contemplados en la legislación penal colombiana. Ahora, un juez penal de conocimiento deberá definir en marzo el sentido del fallo y la pena correspondiente.
Expertos señalan que la aceptación temprana de cargos puede representar reducciones sustanciales de pena —incluso de hasta la mitad— dependiendo del momento procesal en que se produzca y de la gravedad de los delitos. No obstante, tratándose de feminicidio agravado y delitos sexuales, las rebajas suelen ser más limitadas y deben ponderarse frente a los derechos de las víctimas.
En este caso, la gravedad de los hechos, el número de víctimas y el carácter sistemático de los ataques podrían incidir para que la reducción no sea tan amplia como en otros procesos. Aun así, la admisión de responsabilidad evita un juicio oral prolongado y se considera una forma de reparación simbólica al reconocer los hechos.
La investigación se originó tras el asesinato de una joven de 24 años cuyo cuerpo fue hallado en noviembre de 2024 en una zona boscosa de la localidad de Ciudad Bolívar. Según el expediente, la víctima fue contactada mediante una falsa oferta laboral como modelo, modalidad que habría sido utilizada de forma reiterada para engañar a varias mujeres.
Las autoridades sostienen que, entre abril y diciembre de ese año, al menos siete mujeres más habrían sido citadas bajo el mismo pretexto, trasladadas a lugares apartados y sometidas a agresiones sexuales, robos y extorsiones. Varias sobrevivientes denunciaron posteriormente los hechos, lo que permitió consolidar el caso.
Una fotografía enviada desde el celular de la última víctima antes de morir permitió a investigadores del CTI identificar al sospechoso y ubicarlo cerca del sitio donde fue encontrado el cuerpo, lo que condujo a su captura.
Con el avance del proceso, otras mujeres se acercaron a las autoridades. Al menos una docena de víctimas sobrevivientes han rendido testimonio, mientras la Fiscalía no descarta que el número total de afectadas sea mucho mayor. Incluso se investiga si el procesado habría actuado con la colaboración de su pareja sentimental, también detenida.
El ente acusador anunció que formulará nuevas imputaciones por otros hechos relacionados con delitos sexuales, lo que podría incrementar de manera significativa la pena final, aun con la rebaja derivada del acuerdo.
Mientras permanece privado de la libertad, Montilla Baquero espera la decisión judicial que definirá cuántos años de prisión deberá cumplir. El caso no solo ha generado conmoción por la crueldad de los crímenes, sino también por el debate jurídico sobre hasta qué punto la aceptación de cargos puede traducirse en beneficios penales frente a delitos de extrema gravedad.
La sentencia que se conocerá en marzo será determinante para establecer si el acuerdo implicará una reducción considerable o si la magnitud de los hechos llevará a una condena cercana al máximo permitido por la ley.
