La campaña presidencial colombiana continúa sumando aspirantes, tensiones y rupturas, pero no contará con una figura que durante semanas alimentó versiones de última hora: el general retirado Óscar Naranjo. El exdirector de la Policía Nacional y exvicepresidente despejó cualquier duda al descartar públicamente una candidatura y, al hacerlo, tomó distancia de uno de los nombres que más ruido ha generado en el escenario político reciente: el abogado Abelardo de la Espriella. En declaraciones radiales, Naranjo subrayó que entre ambos existe una brecha que va más allá de lo ideológico y que tiene que ver con trayectorias vitales opuestas. Mientras él dedicó su carrera a perseguir estructuras criminales, recordó, De la Espriella se encargó de defender judicialmente a algunos de los protagonistas de esos mismos expedientes.
Ese contraste resume buena parte de las controversias que rodean al penalista convertido en candidato. Su irrupción en las encuestas ha sido rápida y llamativa, pero también ha activado resistencias que no se limitan a sectores progresistas. Incluso dentro del espectro conservador, su nombre despierta incomodidades relacionadas con su pasado profesional y con el tipo de confrontación que ha sostenido durante años con periodistas y medios de comunicación. Aunque la defensa penal es un derecho y una profesión legítima, los clientes que De la Espriella ha representado —entre ellos Alex Saab, señalado como operador financiero del chavismo, y David Murcia Guzmán, rostro visible del escándalo de DMG— se han convertido en un lastre difícil de eludir en el debate público.
Lejos de tratarse de un asunto estrictamente histórico, ese pasado ha reaparecido con fuerza en el contexto electoral. Cada vez que un periodista o columnista examina sus vínculos profesionales o cuestiona la coherencia de su discurso político, la reacción suele ser inmediata y jurídica: solicitudes de rectificación, anuncios de demandas y procesos que, según organizaciones defensoras de la libertad de prensa, buscan más intimidar que aclarar. La Fundación para la Libertad de Prensa ha advertido que estas prácticas encajan en lo que se conoce como acoso judicial, una forma de presión que no siempre prospera en los tribunales, pero que consume tiempo, recursos y energía de quienes son demandados.
La controversia más reciente tuvo como protagonista a la periodista y abogada Ana Bejarano, quien publicó una columna en la que cuestionó la imagen de De la Espriella como férreo opositor de la dictadura venezolana. El texto recordaba que el abogado mantuvo su relación profesional con Alex Saab incluso después de que este fuera identificado públicamente como una figura clave del entramado económico del régimen de Nicolás Maduro. La respuesta del candidato fue exigir una rectificación y advertir con acciones judiciales. Bejarano defendió su texto señalando que se basa en hechos verificables y de conocimiento público, y sostuvo que quien aspire a gobernar el país debe aceptar el escrutinio como parte esencial del debate democrático.
Tras la publicación de la columna, el episodio escaló más allá de los estrados y se trasladó a las redes sociales. Cuentas afines a la candidatura difundieron imágenes manipuladas de la periodista, alteradas con herramientas de inteligencia artificial. Para Bejarano, no se trata de hechos aislados, sino de una estrategia de silenciamiento que combina presión legal y hostigamiento digital. Tanto la FLIP como la Sociedad Interamericana de Prensa rechazaron estas acciones y alertaron sobre el riesgo que representan para la libertad de expresión en un año electoral.
El caso no es excepcional. Investigaciones periodísticas recientes también han puesto bajo la lupa el entorno empresarial del candidato. Un reportaje de La Silla Vacía examinó la narrativa de autosuficiencia financiera con la que De la Espriella afirma sostener su campaña y encontró inconsistencias entre ese relato y los documentos disponibles, además de vínculos con socios que han enfrentado problemas judiciales. Según explicó la directora del medio, Juanita León, la campaña se negó a responder preguntas antes de la publicación y, después, optó por descalificar públicamente a los periodistas en lugar de controvertir los hallazgos con datos. Varias de esas descalificaciones, nuevamente, circularon acompañadas de imágenes falsas creadas con IA.
La FLIP ha documentado que este tipo de confrontaciones no son nuevas. Entre 2008 y 2019, De la Espriella promovió más de un centenar de denuncias por injuria y calumnia, la mayoría de las cuales terminaron archivadas. Para la fundación, existe un patrón claro: procesos extensos, jurídicamente débiles, cuyo efecto principal es el desgaste de quienes investigan u opinan. Casos como las acciones contra Cecilia Orozco o contra periodistas de medios independientes refuerzan esa lectura y alimentan la preocupación sobre lo que podría ocurrir si ese estilo se traslada al ejercicio del poder.
El punto más incómodo de ese historial sigue siendo la defensa de Alex Saab. El empresario, detenido y procesado en Estados Unidos por lavado de activos, fue liberado en 2023 y posteriormente incorporado al Gobierno venezolano, en un episodio que reavivó el debate sobre su cercanía con Nicolás Maduro. Años antes, cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo señaló como testaferro del régimen, De la Espriella respondió anunciando acciones legales y negando cualquier vínculo político de su cliente. Sin embargo, investigaciones periodísticas ya habían documentado la participación de Saab en el programa estatal de alimentos CLAP, uno de los mayores escándalos de corrupción del chavismo.
Esa misma estrategia de litigio se extendió a medios venezolanos como Armando.info, cuyos periodistas terminaron en el exilio tras ser demandados por Saab. Uno de ellos, Roberto Deniz, ha señalado que detrás de esa ofensiva judicial estaba la intención de frenar investigaciones que comenzaban a revelar la magnitud del entramado financiero. El periodista Gerardo Reyes, autor de un libro sobre Saab, también fue blanco de demandas que finalmente no prosperaron y que, a su juicio, responden a una conducta sistemática de persecución legal contra quienes investigan.
En un escenario político marcado por la polarización y la desconfianza institucional, la ausencia de Óscar Naranjo de la contienda cierra un capítulo de especulación, pero no atenúa el debate de fondo. La candidatura de Abelardo de la Espriella avanza entre apoyos y rechazos, mientras se acumulan preguntas sobre su relación con la prensa, su pasado profesional y su concepción del disenso. En un país donde la libertad de expresión sigue siendo frágil, esas señales tempranas pesan tanto como las promesas de campaña.
