El eventual rediseño del Estado colombiano mediante la fusión o eliminación de ministerios no solo reconfiguraría la estructura administrativa, sino que implicaría la posible desaparición de miles de cargos públicos, en un país donde el tamaño de la burocracia ha sido objeto de debate permanente. Actualmente, Colombia cuenta con 19 ministerios y más de 700.000 funcionarios y contratistas vinculados al aparato estatal, según estimaciones citadas por varios aspirantes presidenciales.
El futuro inmediato del Ministerio de la Igualdad y la Equidad es incierto, pues el Congreso tiene plazo hasta junio para recrearlo tras el fallo de la Corte Constitucional de Colombia que anuló la ley que le dio origen por vicios de trámite. Si no se aprueba una nueva norma, la entidad desaparecería en julio, lo que supondría la supresión de toda su planta de personal y programas.
Sin embargo, ese posible cierre sería apenas el inicio de una reducción mucho mayor si prosperan las propuestas de reforma estatal planteadas por distintos candidatos. La senadora Paloma Valencia ha planteado disminuir el número de ministerios de 19 a cerca de 12 mediante fusiones sectoriales. Entre sus ideas figura integrar Educación con Cultura, Recreación y Deporte; Minas y Energía con Ambiente; y Transporte con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cada una de esas uniones implicaría la eliminación de cargos directivos duplicados, despachos administrativos y dependencias paralelas, lo que podría traducirse en miles de puestos menos dentro del Estado.
Una reducción aún más drástica ha sido planteada por el candidato Abelardo de la Espriella, quien propone pasar de 19 ministerios a solo 9 o 10, bajo el argumento de que existen funciones repetidas que vuelven ineficiente la administración pública. Según sus cálculos, Colombia tendría cientos de miles de funcionarios y contratistas “sobrantes”, por lo que una reestructuración profunda implicaría recortes masivos de personal.
Otros aspirantes también han sugerido eliminar entidades completas para liberar recursos y disminuir la burocracia. Daniel Palacios ha señalado que suprimir el Ministerio de la Igualdad permitiría redirigir cerca de 1,8 billones de pesos a proyectos de seguridad, mientras que Mauricio Cárdenas propone reemplazar esa cartera por una figura encargada de recortar el gasto estatal. Por su parte, Juan Carlos Pinzón plantea fusionar seis ministerios en dos y eliminar varias entidades adicionales, lo que implicaría una de las reducciones más significativas del aparato público en décadas.
Históricamente, Colombia ya ha experimentado procesos de fusión ministerial que derivaron en reubicaciones y supresiones de cargos. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se unificaron carteras como Interior y Justicia, así como Ambiente con Vivienda, decisiones que años después fueron revertidas parcialmente en la administración de Juan Manuel Santos. Cada reorganización implicó ajustes en la planta estatal y reasignaciones de funciones.
Analistas advierten que una reducción acelerada podría generar efectos contrapuestos: por un lado, disminuir el gasto público y la duplicidad institucional; por otro, aumentar el desempleo en el sector público y la presión sobre los servicios estatales si no se redistribuyen adecuadamente las responsabilidades.
El debate sobre las fusiones ministeriales, por tanto, no solo gira en torno a la eficiencia administrativa, sino también al impacto social de la posible desaparición de miles de cargos. La decisión final dependerá del rumbo político que adopte el país tras las próximas elecciones y de la capacidad del Congreso para redefinir la arquitectura del Estado sin afectar la prestación de servicios esenciales. Hay que recordar que en el primer gobierno de Álvaro Uribe más de 100.000 servidores públicos perdieron sus empleos.
