Brasil cerró 2025 con un dato alarmante que vuelve a encender las alertas sobre la violencia de género: el país registró 1.470 feminicidios, la cifra más alta de la última década. El número, divulgado por el Ministerio de Justicia, confirma una tendencia ascendente y equivale a un promedio de cuatro mujeres asesinadas cada día en crímenes motivados por violencia doméstica, odio de género o relaciones de poder marcadas por el control y la misoginia.
El balance supera incluso el récord de 2024, cuando se contabilizaron 1.459 casos. Sin embargo, las autoridades advierten que el total de 2025 aún no es definitivo, ya que estados clave como São Paulo y Pernambuco no han remitido los datos correspondientes al mes de diciembre, lo que anticipa que la cifra final podría ser todavía mayor. Desde que el feminicidio fue incorporado como categoría penal en 2015, Brasil acumula 13.448 mujeres asesinadas por razones de género, un dato que expone la dimensión estructural del problema.
El aumento no ha sido homogéneo en todo el territorio. De acuerdo con los registros oficiales, 15 estados reportaron incrementos en los casos, con los mayores saltos porcentuales concentrados en las regiones Norte y Nordeste, históricamente más vulnerables por la combinación de desigualdad social, precariedad institucional y menor acceso a redes de protección para las víctimas. Especialistas señalan que, en muchos de estos contextos, las denuncias previas por violencia doméstica no se traducen en medidas efectivas de protección, lo que deja a las mujeres expuestas a agresiones reiteradas que pueden escalar hasta el asesinato.
En el plano legal, el país ha endurecido su respuesta en los últimos años. En 2024, el feminicidio dejó de ser una agravante del homicidio para convertirse en un delito autónomo, con penas que oscilan entre 20 y 40 años de prisión, y que pueden llegar hasta 60 años cuando concurren agravantes como la crueldad extrema, la presencia de hijos o la reincidencia. Se trata de la sanción más severa prevista actualmente en el Código Penal brasileño, en un intento del Estado por enviar una señal clara de intolerancia frente a este tipo de crímenes.
A estas reformas se sumó recientemente una medida de carácter simbólico y memorial: la instauración del 17 de octubre como Día Nacional de Luto y Memoria de las Víctimas de Feminicidio, en referencia al caso de Eloá Pimentel, la adolescente asesinada en 2008 por su expareja tras un prolongado secuestro que conmocionó al país. La fecha busca no solo rendir homenaje a las víctimas, sino también reforzar la conciencia pública sobre la persistencia de la violencia machista.
Pese a los avances normativos, organizaciones feministas y de derechos humanos insisten en que el endurecimiento de las penas no ha sido suficiente para frenar la escalada. Reclaman políticas integrales que incluyan prevención, educación, fortalecimiento de las redes de atención, respuesta rápida a las denuncias y acompañamiento efectivo a las mujeres en riesgo. Los datos de 2025, advierten, confirman que el feminicidio en Brasil no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino una emergencia social que sigue cobrando vidas a un ritmo incompatible con cualquier promesa de igualdad y protección.
