Dos años después de la muerte del opositor ruso Alexei Navalni, cinco gobiernos europeos han responsabilizado directamente al Kremlin y han afirmado que fue asesinado mediante una neurotoxina extremadamente potente. Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos sostienen que nuevos análisis científicos detectaron epibatidina en muestras biológicas del dirigente, una sustancia altamente tóxica asociada a ciertas ranas venenosas de América Latina.
Como épocas antiguas donde el veneno era el arma predilecta de sultanes, sultanas, reyes, reinas y gobernantes en general para eliminar a su contradictores, políticos o personales, los altos dirigentes rusos parecen enamorados eternamente de esta práctica que, por supuesto, ha evolucionado hacia fármacos más eficaces y de difícil detección por las pruebas forenses; difícil, pero no imposible.
En un comunicado conjunto difundido este sábado, los ministros de Exteriores de los cinco países indicaron que sus conclusiones se basan en estudios forenses independientes realizados durante dos años. Según señalaron, la epibatidina —un alcaloide neurotóxico que puede provocar parálisis y fallo respiratorio— está clasificada como arma química por la normativa internacional y no se produce de forma natural en Rusia, lo que refuerza las sospechas de un envenenamiento deliberado.
Moscú había sostenido desde el principio que Navalni murió por causas naturales. Sin embargo, los gobiernos europeos consideran que la presencia de esta sustancia, junto con los síntomas reportados antes de su fallecimiento, apuntan con alta probabilidad a un asesinato. También recordaron que el opositor ya había sobrevivido a intentos previos de envenenamiento, entre ellos el ataque con el agente nervioso novichok, un caso que provocó una grave crisis diplomática entre Rusia y Occidente.
Las capitales europeas han pedido que Rusia rinda cuentas por posibles violaciones de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y por incumplimientos de los tratados internacionales sobre armas químicas y biológicas. Los representantes de estos países ante dicho organismo han remitido una notificación formal a su director general, el diplomático español Fernando Arias, para activar mecanismos de investigación y supervisión.
Qué impacto real se pueda tener en la obtención de justicia para sus allegados es incierto pues Rusia no acepta la competencia de investigadores judiciales ni de tribunales de justicia europeos. Tras conocerse el informe, Yulia Navalnaya, viuda del opositor, afirmó que la conclusión científica confirma lo que su familia sostenía desde el primer día: que su esposo fue asesinado. Agradeció a los países implicados por su trabajo y acusó directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, de ordenar el crimen.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el caso como un acto de intimidación propio de un régimen que teme a la oposición y denunció lo que describió como el uso sistemático de métodos terroristas por parte del Estado ruso.
Por su parte, el Gobierno ruso rechazó las acusaciones y las calificó de campaña propagandística occidental. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajárova, afirmó que Moscú no responderá hasta que se publiquen datos técnicos verificables y acusó a Occidente de utilizar el caso para desviar la atención de sus propios problemas internos.
Navalni murió el 16 de febrero de 2024 a los 47 años en una colonia penitenciaria del Ártico ruso, donde cumplía condena desde 2021 tras regresar voluntariamente a su país después de recibir tratamiento médico en Alemania. Su fallecimiento provocó una ola de condenas internacionales y reforzó su imagen como el principal símbolo de la oposición al Kremlin en las últimas décadas.
