El empresario Víctor Molina Afanador denunció públicamente un incidente ocurrido el 14 de febrero en un centro comercial del norte de Bogotá, donde —según su relato— habría sido retenido junto a su vehículo dentro del parqueadero.
De acuerdo con su testimonio en video, ingresó al establecimiento en la mañana para asistir a unos exámenes médicos. Sin embargo, al lavarse las manos el tiquete de estacionamiento se habría mojado, lo que dañó el código QR e impidió su lectura al momento de salir.
El empresario aseguró que permaneció cerca de cinco horas en el lugar, pese a haber pagado de inmediato una penalidad de 50.000 pesos y presentar su documentación personal. Según afirmó, personal de seguridad y una coordinadora de aseo identificada como “Dina” no autorizaron su salida porque el sistema no reflejaba el pago realizado.
“Es increíble que, aun mostrando el comprobante y mi cédula, me trataran como a un delincuente. Si esto le ocurre a alguien que conoce sus derechos, ¿qué podría pasarle a un ciudadano desprevenido?”, expresó el afectado.
La situación, que fue registrada en videos y fotografías, se tensó cuando acudieron agentes de la Policía Nacional de Colombia, quienes indicaron que no podían intervenir al tratarse de propiedad privada. Según el denunciante, una superior a la que identificó como “Doctora” ordenó no entregar información a los uniformados y aseguró que contactaría a un alto mando policial.
Finalmente, Molina Afanador señaló que solo pudo abandonar el lugar tras la intervención de su abogada, quien alegó un posible exceso de autoridad. Después de esa mediación, el personal permitió la salida tanto del empresario como de dos mujeres que, según dijo, se encontraban en una situación similar. A causa del incidente, aseguró que perdió una cita médica programada con su hijo.
Por su parte, el centro comercial Hacienda Santa Bárbara explicó que aplicó sus protocolos de seguridad habituales para prevenir el hurto de vehículos. Indicó que, debido al mal estado del tiquete, se activó un proceso de verificación que incluye revisión en el sistema, validación mediante cámaras y análisis de trazabilidad.
En un comunicado, firmado por un abogado que trabaja para Jaime Granados, famoso por defender al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el establecimiento negó que hubiera existido retención de alguna persona y afirmó que en ningún momento se restringió la libertad del usuario, ya que la verificación se centró exclusivamente en el vehículo. También calificó como “falso” que el ciudadano hubiera permanecido cinco horas en el sitio, señalando que todo el procedimiento quedó registrado en video y respaldado por sistemas tecnológicos conectados con las autoridades.
