La Fiscalía General de la Nación avanza en un preacuerdo con Katerine Andrea Martínez Martínez, alias “Gabriela”, implicada en el asesinato del exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Como parte del acuerdo, la mujer enfrentaría una condena de 21 años y dos meses de prisión —equivalentes a 254 meses— por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio como coautora impropia, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Un juez definirá si avala la propuesta el próximo 23 de febrero, durante la continuación de la audiencia suspendida este 14 de enero por la jueza Lilyan Bastidas.
Señalada por su rol en la planeación y ejecución del crimen, alias “Gabriela” reconocería plenamente su participación y ha colaborado con los investigadores, agilizando el proceso y evitando pesquisas innecesarias. En la audiencia de este miércoles, la fiscal Elsa Reyes destacó esta cooperación, que contribuye a la eficiencia de la justicia.
Emotiva fue la intervención de la imputada, quien ofreció disculpas públicas a la familia de Uribe Turbay. “Ofrezco disculpas públicas a la familia y a todos los presentes. Mi error fue muy grande y, aunque mi disculpa también lo es, sé que no acobijará todo el dolor que sintieron y que sienten los familiares de Miguel; pero, con todo el amor del mundo, les pido disculpas a todos, porque yo también soy hija, tengo familiares y sé que es muy doloroso”, expresó. Agregó: “En el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que nunca quise hacerle daño a Miguel. Sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario; en realidad siento mucha culpabilidad y me disculpo de antemano absolutamente con todos, especialmente con su esposa y su hermana”.
El caso del magnicidio, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá, ha avanzado con capturas, imputaciones y preacuerdos sucesivos. El sicario de 15 años fue sancionado a siete años, mientras otros implicados como Carlos Eduardo Mora González ya cumplen condenas similares. Las autoridades investigan como crimen político, con evidencia de armas alteradas y una red de al menos ocho cómplices identificados, desde logísticos hasta ejecutores, procesados por homicidio agravado y delitos conexos.
