En Bogotá, el fenómeno de las desapariciones sigue siendo una herida abierta. Con un promedio alarmante que supera cinco personas diarias reportadas como desaparecidas, las familias se aferran a grabaciones de cámaras de seguridad o testimonios fugaces, esperando un regreso con vida. Sin embargo, para la familia Cubides Ariza, esa esperanza se truncó de la forma más brutal y violenta.
Neill Felipe Cubides Ariza, un funcionario de la Procuraduría General de la Nación y profesor universitario de 54 años, fue encontrado calcinado y abandonado en la vereda Los Soches, una zona rural de la localidad de Usme, al sur de la capital. Su asesinato, caracterizado por una crueldad extrema, no solo sume en el duelo a sus seres queridos, sino que plantea interrogantes profundos sobre la seguridad en la ciudad y las posibles motivaciones detrás del crimen.
Todo comenzó el 15 de enero. Cubides salió de su apartamento con su hijo de 10 años, dirigiéndose a urgencias pediátricas de la Clínica del Country. Tras un largo día, y dado que el niño solo podía quedarse con un acompañante, su esposa, Denis Alfaro, le sugirió que descansara en casa. Cerca de las 10:00 p.m., Neill tomó un taxi en la carrera 15 con calle 82. Nunca llegó a su destino.
Al día siguiente, tras reportar la desaparición, su esposa descubrió movimientos anómalos en sus cuentas bancarias: entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada del 16 de enero, se realizaron retiros por 6 millones de pesos y una compra en el barrio Venecia. “Ya tuvieron lo que querían. Respéntenle la vida”, suplicó públicamente Denis Alfaro en ese momento. Un llamado que, trágicamente, no fue escuchado.
Veinticuatro horas después de la desaparición, se halló un cuerpo calcinado en Usme. La identificación a través de Medicina Legal tardó tres días en confirmar lo peor: se trataba de Neill Cubides. Las transacciones bajo coerción apuntan inicialmente a un caso de secuestro extorsivo, delito conocido coloquialmente como “paseo millonario”. Según la Policía Metropolitana, este flagelo experimentó un repunte preocupante, con 37 casos reportados el año pasado. Expertos como Andrés Nieto, del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, señalan la existencia de bandas estructuradas que emplean seguimiento y tortura psicológica para extraer el máximo rédito económico de sus víctimas.
No obstante, la ferocidad del método –la incineración del cuerpo– rompe con los patrones usuales de este delito. Para analistas como Jairo Libreros, de la Universidad Externado, citados por El Espectador, esta acción podría interpretarse como “un mensaje intimidatorio” destinado a borrar evidencias y exhibir un nivel de violencia excepcional, lo que sugiere otros móviles.
Este hecho lleva la investigación a un terreno más complejo al considerar la labor de Cubides. Por más de una década, trabajó en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, una unidad con funciones de policía judicial que recopila pruebas para procesos disciplinarios. Su perfil como magíster en Administración con énfasis en finanzas y más de 14 años de experiencia en evaluación financiera de concesiones añade una capa de sensibilidad a su trabajo.
Ana Rosa Celis, directiva sindical del Ministerio Público, afirmó que la naturaleza del crimen trasciende un simple secuestro extorsivo, sugiriendo que pudo ser un acto dirigido para eliminar todo rastro. “Los funcionarios están asustados”, declaró. La Procuraduría se ha abstenido de pronunciarse sobre los casos específicos que manejaba el funcionario. Frente a la gravedad del caso, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que la Fiscalía activó un Grupo de Tareas conjunto con el CTI y la Policía Metropolitana para identificar y capturar a los responsables.
En medio del dolor, la familia de Neill Cubides, a través de un conmovedor comunicado escrito a mano por su esposa, lo describió como otra víctima de “la violencia e inseguridad que agobian al país”, e hizo un llamado urgente a las autoridades para que adelanten con celeridad y rigor las investigaciones.
El crimen de Neill Felipe Cubides Ariza expone las múltiples facetas de la violencia en Bogotá. Mientras la pista financiera indica un delito oportunista en ascenso, su perfil como investigador estatal obliga a no descartar una retaliación premeditada. La Fiscalía tiene ante sí el desafío de atar estos cabos sueltos. Lo que ya es indiscutible es que la saña del asesinato no solo enluta a una familia, sino que profundiza la percepción de impunidad y zozobra en una ciudad que clama por respuestas y justicia.
