La Corte Suprema de Justicia de Colombia tomó una decisión de gran relevancia al ordenar medida de aseguramiento en centro carcelario y el llamado a juicio contra el senador Wadith Manzur y la representante Karen Manrique, dentro del proceso que se adelanta por presunto cohecho impropio en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según el expediente, ambos congresistas habrían utilizado su rol en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para influir en decisiones legislativas, particularmente en la aprobación de empréstitos, condicionando su actuación a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia facilitara la asignación de proyectos en municipios como Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, financiados con recursos de la UNGRD. Para la Corte, este comportamiento configuraría un posible intercambio indebido entre funciones públicas y beneficios contractuales.
En el mismo proceso, el alto tribunal mantiene abiertas investigaciones —aunque sin privación de la libertad— contra los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar y el excongresista Juan Diego Muñoz, quienes también estarían vinculados a las dinámicas investigadas.
La decisión se sustenta en una extensa ponencia de más de mil páginas elaborada por el magistrado Misael Rodríguez, en la que se recopilan pruebas como conversaciones de mensajería y testimonios. Entre ellas destaca un intercambio del 11 de octubre de 2023 entre Manzur y la entonces asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, en el que el congresista insiste en la necesidad de hablar con el ministro Ricardo Bonilla González antes de la presentación de una ponencia presupuestal. Para la Corte, el contenido de estos mensajes refleja la expectativa de obtener una respuesta frente a propuestas previamente planteadas y sugiere la posibilidad de condicionar su comportamiento en sesiones clave.
Durante su declaración, Benavides manifestó haber percibido presión por parte de los congresistas. Indicó que el primer episodio lo atribuye a Manrique y que posteriormente Manzur insistió en obtener una respuesta antes de una sesión determinante, lo que, a su juicio, implicaba la necesidad de que “algo se moviera” respecto a las propuestas. La Corte consideró que este testimonio coincide con el sentido de las conversaciones analizadas.
Las investigaciones también apuntan a que otros legisladores habrían participado en prácticas similares, utilizando canales de comunicación menos rastreables, como aplicaciones cifradas, y mecanismos informales como sobres sellados para el manejo de propuestas. Un elemento relevante fue la reunión del 31 de octubre de 2023 con el ministro Bonilla, en la que, según el expediente, se habría autorizado la gestión de proyectos ante la UNGRD, distribuyendo cupos entre los congresistas involucrados.
El tribunal señala que estas actuaciones habrían facilitado la aprobación acelerada de varios empréstitos durante la sesión del 28 de noviembre de 2023, descrita como una de las más eficientes del año, pero que, según la investigación, estaría vinculada a un entramado de negociaciones indebidas y prácticas clientelistas. Asimismo, los magistrados advirtieron falta de claridad en los testimonios de algunos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, quienes aseguraron no recordar detalles clave de reuniones y conversaciones, situación que fue calificada como una especie de “amnesia” frente a los hechos investigados.
Actualmente, Manzur y Manrique permanecen privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial, mientras que otros implicados enfrentarán juicio en libertad. De mantenerse esta situación al inicio de la próxima legislatura, podría aplicarse la figura de la silla vacía, con consecuencias en la representación política de sus curules.
