Las autoridades en Bogotá investigan una millonaria estafa atribuida a una supuesta cooperativa financiera que dejó a más de 120 personas con pérdidas cercanas a los 16.000 millones de pesos, en un caso que vuelve a evidenciar cómo la promesa de ganancias rápidas y sin esfuerzo continúa seduciendo a quienes prefieren el dinero fácil antes que procesos de inversión legítimos o el trabajo sostenido.
El principal señalado es Uriel Andrés Barreto Díaz, quien durante años habría construido una imagen de empresario exitoso para atraer inversionistas, presentándose como directivo de una cooperativa de transportadores en la localidad de Kennedy. Según testimonios, ofrecía rentabilidades extraordinarias —muy por encima de las tasas legales del mercado— y recompensas adicionales a quienes convencieran a familiares y amigos de sumarse al negocio, una estrategia típica de esquemas piramidales.
Expertos financieros advierten que este tipo de fraudes prospera no solo por la habilidad de los estafadores, sino también por la ambición de quienes buscan multiplicar su dinero sin asumir riesgos reales ni verificar la legalidad de las operaciones. Promesas de ganancias mensuales del 4 %, 6 % o incluso 10 % deberían encender alarmas inmediatas, ya que superan ampliamente cualquier rendimiento razonable en inversiones formales.
El supuesto negocio, según relataba el acusado, consistía en utilizar el dinero para operaciones del sector transporte, desde compra de repuestos hasta capacitaciones a conductores. Sin embargo, las investigaciones preliminares indican que no existían tales operaciones verificables y que la cooperativa mencionada había sido liquidada años antes, lo que refuerza la hipótesis de una estructura diseñada únicamente para captar recursos.
Las señales de alarma se hicieron evidentes cuando, a comienzos de 2026, los pagos prometidos dejaron de llegar. La situación empeoró tras la repentina desaparición del señalado, quien presuntamente salió de un centro comercial del occidente de la ciudad y no volvió a ser visto. Posteriormente, algunos afectados descubrieron que la supuesta entidad no contaba con oficinas ni personal activo, confirmando que habían confiado su dinero a un proyecto inexistente.
Más allá del perjuicio económico, el caso deja una reflexión incómoda: muchas de las víctimas ingresaron motivadas por recomendaciones cercanas y por la expectativa de enriquecerse rápidamente, replicando el ciclo de captación sin cuestionar la sostenibilidad del modelo. Para analistas, este fenómeno demuestra cómo la cultura del “dinero fácil” facilita la expansión de estafas que terminan afectando a familias enteras.
La Fiscalía General de la Nación ya recibió denuncias formales y adelanta la búsqueda del presunto responsable, quien habría reaparecido brevemente en redes sociales alegando que su vida corre peligro, sin responder por los recursos desaparecidos.
Mientras avanza la investigación, autoridades financieras reiteran el llamado a desconfiar de inversiones milagrosas y a verificar siempre la legalidad de cualquier entidad antes de entregar dinero. El caso se suma a una larga lista de fraudes en Colombia que muestran que, cuando la codicia sustituye a la prudencia, el resultado suele ser la pérdida total del capital y, en muchos casos, la ruptura de vínculos familiares y sociales.
