A menos de cuatro meses de asumir el cargo, la presidencia de José Jerí se encuentra nuevamente bajo escrutinio público tras revelarse una serie de contrataciones estatales otorgadas a mujeres que se reunieron con él en el despacho presidencial en horarios atípicos y sin procedimientos transparentes. Este nuevo frente de controversia, denominado por algunos sectores de la prensa como el “caso de las contrataciones exprés”, se suma al ya conocido “Chifagate”, vinculado a encuentros clandestinos del mandatario con empresarios chinos.
De acuerdo a una investigación del dominical *Cuarto Poder*, cinco mujeres, cuyas edades oscilan entre los 30 y 40 años, accedieron al despacho de Jerí en horarios nocturnos e incluso durante días feriados. En un plazo notablemente breve —días o semanas después de dichas visitas— todas ellas recibieron designaciones u órdenes de servicio en distintas entidades públicas, con remuneraciones que rondan los tres mil dólares mensuales.
Uno de los casos detallados involucra a una ingeniera ambiental quien, según los registros de visitas, permaneció en el despacho presidencial desde las siete de la tarde del 1 de noviembre hasta casi la medianoche. Veinte días después, se emitió una orden de servicio para crear una plaza a su medida en EsSalud, y una semana más tarde fue contratada por el Ministerio del Ambiente. La ingeniera no acudió sola; estaba acompañada por otra mujer quien, en menos de tres semanas, fue requerida desde Presidencia para prestar servicios de comunicación interna.
Ante la divulgación de estos hechos, ambas profesionales presentaron sus renuncias este miércoles. La ingeniera argumentó, mediante un oficio, que contaba con las credenciales necesarias para el puesto y que había sido “objeto de una injusta exposición pública que ha incluido insinuaciones de carácter personal y sexual”. En redes sociales circularon fotografías de ambas junto a Jerí, tomadas antes de que asumiera la presidencia tras la vacancia de Dina Boluarte, y en las que aparecen también durante su toma de posesión. Las otras tres mujeres señaladas son dos abogadas y una asesora en asuntos internacionales.
La respuesta inicial del Ejecutivo fue contundente: rechazó los cuestionamientos y amenazó con acciones legales contra los medios por lo que calificó como un uso “malintencionado” de la información. Sin embargo, horas después, la Presidencia retiró ese comunicado y lo reemplazó por otro más moderado, que si bien omitió las amenazas judiciales, insistió en que todos los procesos de contratación se habían realizado “conforme a ley”.
Las repercusiones institucionales no se hicieron esperar. La Contraloría General solicitó información formal al despacho presidencial y a dos ministerios sobre los expedientes de contratación de las cinco mujeres. Paralelamente, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició una investigación preliminar por un presunto delito contra la administración pública. De encontrarse indicios de que se vulneraron los principios de legalidad y meritocracia, o de que existió un direccionamiento indebido, el caso será elevado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.
Las investigaciones periodísticas sugieren que este podría ser solo la punta del iceberg. El programa “Beto a Saber” reveló posibles irregularidades en la contratación de otras catorce mujeres vinculadas al entorno del presidente, quienes carecerían de experiencia previa en el sector público o del perfil técnico requerido. A esto se suma un reporte del noticiero Ocurre Ahora, dirigido por el periodista Alonso Ramos, que documenta una visita aún más extensa: una exasesora de Jerí de su etapa como congresista ingresó a Palacio de Gobierno a las cinco de la tarde del 31 de octubre y no salió hasta las siete de la mañana del día siguiente. Posteriormente, esta comunicadora social fue contratada por el Ejecutivo.
La polémica ha generado un amplio debate público. El escritor Renato Cisneros, parafraseando al historiador Pablo Macera, lanzó una crítica mordaz: “Macera decía que el Perú es un burdel. Pecaba de elegancia: es un puticlub”. Por su parte, la periodista Sofía López cuestionó que se intente desviar la atención apelando a la “razón de género”: “Independientemente de ser hombres o mujeres, se advierte que personas visitan despachos de altos funcionarios y luego obtienen órdenes de servicios. Al presidente no le corresponde realizar entrevistas para contratarlas”.
José Jerí, de 39 años, accedió a la presidencia en octubre tras una serie de eventos políticos inusuales. Tras no conseguir un escaño por votación directa, ingresó al Congreso tras la inhabilitación de Martín Vizcarra. A pesar de una denuncia por agresión sexual —archivada en julio de 2025— fue elegido presidente del Legislativo y, tres meses después, asumió la banda presidencial tras la vacancia de Dina Boluarte. Su gestión, que comenzó con un notable respaldo popular, ha visto erosionada su legitimidad en pocos meses: primero por las sospechas alrededor del “Chifagate”, y ahora por estas contrataciones que han encendido las alarmas sobre posibles prácticas de favoritismo y opacidad en el corazón del Estado.
