La Fiscalía General de la Nación destapó un complejo entramado de estafa que, durante al menos cinco años, operó bajo la fachada de un concesionario de vehículos en el norte de Bogotá. Según el organismo, el esquema delictivo afectó a más de 200 ciudadanos, quienes entregaron automotores y sumas de dinero con la ilusión de renovar su carro, pero terminaron perdiendo todo lo pactado.
De acuerdo con la investigación, la modalidad de engaño consistía en captar clientes a través de publicaciones en redes sociales, donde se ofrecían supuestas oportunidades para adquirir vehículos nuevos o de alta gama a precios competitivos. Una vez establecida la confianza, las víctimas eran persuadidas para entregar su carro usado como parte de pago y abonar un millón de pesos adicionales, presentado como un “anticipo” para asegurar la negociación.
No obstante, tras recibir los automotores, los responsables procedían a revender los mismos vehículos hasta tres veces a distintos compradores, siempre bajo falsas promesas de entrega. Las víctimas nunca recibían ni el dinero ni el carro prometido, quedando atrapadas en una cadena de fraudes que, según las pesquisas, generó movimientos por más de 7.700 millones de pesos entre 2019 y 2024.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturó a siete personas vinculadas a esta organización ilegal. El principal señalado es Luis Felipe Rodríguez González, identificado como el articulador del esquema. Junto a él, fueron procesados sus presuntos colaboradores: Daniela Alejandra Gómez Vargas, Yireth Patricia Avendaño Vásquez, Jonathan Yesid Hernández, Tania Katherine Galeano Gómez, Ángela Julieth Díaz Delgado y Jonathan Ferney Vergara Vergara.
Un fiscal de la Seccional Bogotá formuló imputación por los delitos de estafa agravada en masa, concierto para delinquir y uso de documento falso. Ninguno de los capturados aceptó los cargos. Tras las audiencias, una juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento intramural para Rodríguez González, mientras que los demás implicados continuarán vinculados al proceso penal bajo investigación.
La Fiscalía informó además que varios de los vehículos afectados fueron localizados en parqueaderos de Bogotá y Medellín, aunque la mayoría de las víctimas aún no han recuperado sus bienes ni el dinero perdido. Este caso refleja cómo las organizaciones criminales aprovechan la confianza en supuestos concesionarios y el atractivo de las ofertas en redes sociales para ejecutar estafas a gran escala, dejando a decenas de familias afectadas económicamente.
