El Tribunal de Impugnaciones de San Juan ha dictado un fallo que redefine radicalmente el proceso judicial contra Luciana Bustos, la científica del CONICET condenada a prisión perpetua por el asesinato de Marcelo José Amarfil en enero de 2024. En una decisión unánime, los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Eduardo Raed y Benedicto Correa revocaron la sentencia original y reclasificaron el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por violencia de género a homicidio simple.
Este giro jurídico reduce sustancialmente la pena que enfrenta Bustos, que ahora se encuentra en un rango de 8 a 25 años de prisión, en lugar de la cadena perpetua impuesta inicialmente. La decisión se fundamenta en que el tribunal de impugnaciones desestimó dos agravantes clave que se habían aplicado en el primer juicio: primero, que existiera un vínculo de pareja o relación análoga de afectividad entre Bustos y la víctima; y segundo, la calificación de alevosía, entendida como la utilización de un medio que asegurara la indefensión de Amarfil.
El crimen, ocurrido en la localidad de Las Chacritas, San Juan, tuvo lugar dentro de un vehículo estacionado donde Amarfil recibió seis puñaladas. Durante el juicio oral inicial, el tribunal compuesto por Gerardo Fernández Caussi, Guillermo Adárvez y Matías Parrón consideró probada la premeditación por parte de Bustos, con el objetivo de ocultar una supuesta doble vida, lo que derivó en la condena máxima. La defensa, que había sostenido la tesis de la legítima defensa ante un presunto intento de abuso sexual, vio rechazada su argumentación en esa instancia.
Ahora, con este revés, el Ministerio Público Fiscal y la querella tienen la posibilidad de apelar la decisión ante la Corte de Justicia de San Juan o, en su defecto, el caso podría derivar en un nuevo juicio de cesura -juicio por jurados- bajo la nueva calificación de homicidio simple. El fallo no declara la inocencia de Bustos, pero redefine los términos legales del hecho, abriendo un nuevo capítulo procesal en un caso que ha captado la atención pública por el perfil de la acusada y las severas implicancias de la sentencia ahora anulada. Dependiendo del desarrollo procesal, la encartada podría hasta quedar libre.
La resolución subraya la complejidad de la valoración probatoria en casos de extrema violencia y pone en evidencia los debates jurídicos en torno a la tipificación de los agravantes, marcando un punto de inflexión en la búsqueda de una sentencia definitiva para la científica sanjuanina.
