En el municipio cafetero de Urrao se vive por estos días una profunda crisis tras destaparse un escándalo financiero multimillonario que dejó a decenas de personas prácticamente en la ruina. Lo que muchos creían una inversión confiable, realizada incluso dentro de una sucursal bancaria, terminó convirtiéndose en uno de los fraudes más graves de los últimos años en esta población del Suroeste antioqueño, donde de la noche a la mañana desaparecieron miles de millones de pesos pertenecientes a los ahorros de los habitantes.
Campesinos y adultos mayores aseguran que entregaron gran parte de su patrimonio a un producto de inversión que, según ellos, fue ofrecido dentro de la oficina del banco BBVA por el propio gerente de la sucursal, quien posteriormente apareció muerto. La situación se agravó cuando la entidad financiera les informó que dichos productos no existían en sus registros, por lo que no asumiría responsabilidad.
Uno de los afectados, conocido como don Pablo, relató que llevaba años siendo cliente del banco y que en 2022 había constituido varios CDT con los que logró reunir cerca de 260 millones de pesos, atraído por una tasa cercana al 17% efectivo anual. Según su versión, a finales de 2024 el gerente Freddy Wilson Cañola —con más de dos décadas de trayectoria en la entidad— le propuso trasladar esos ahorros, que ya ascendían a unos 360 millones, a un supuesto fondo de inversión respaldado por el mismo banco y con rendimientos cercanos al 14%.
La propuesta le resultó confiable porque se hizo dentro de la oficina y quedó respaldada por documentos con membrete oficial. Además, el gerente le aseguró que el dinero permanecería en la entidad y que solo se trataba de una migración de recursos desde los CDT al nuevo fondo.
Meses después, cuando intentó conocer el estado de su inversión, no logró ubicar al directivo. Poco tiempo más tarde se enteró de que había salido del banco. El 17 de octubre de 2025 el municipio quedó conmocionado con la noticia de su fallecimiento, presuntamente por suicidio. Solo entonces los ahorradores comenzaron a acudir masivamente a la sucursal para verificar sus cuentas y descubrieron que no había registros de los fondos.
Desde ese momento la incertidumbre se apoderó de los afectados, pues la única persona que conocía el manejo de las inversiones ya no estaba. Mientras tanto, el banco afirmó haber activado sus protocolos internos, contactado a los clientes y respondido sus solicitudes, reiterando que los productos mencionados no figuraban en sus sistemas ni correspondían a operaciones autorizadas.
Los damnificados, por su parte, sostienen que las transacciones se realizaron dentro de la sede bancaria y con documentos emitidos por quien era el representante de la entidad en el municipio, por lo que consideran injusto que se les traslade la responsabilidad. También manifestaron inconformidad por la forma en que se han tramitado sus reclamaciones y por los retrasos en las respuestas.
El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales para que determinen posibles responsabilidades. Sin embargo, en Urrao muchos dudan de que la investigación avance con rapidez, dado que el principal señalado falleció.
Aunque no existe una cifra oficial, se estima que decenas de personas —principalmente campesinos y adultos mayores— habrían perdido más de 10.000 millones de pesos, e incluso podrían aparecer afectados de otros municipios. La Personería local ha sido hasta ahora la única institución que ofrece asesoría jurídica a quienes aseguran haber sido víctimas.
Entre la comunidad predomina la preocupación, pues numerosos hogares quedaron sin sus ahorros de toda la vida, lo que ha provocado graves dificultades económicas y sociales en este municipio antioqueño.
