El Gobierno colombiano emitió un decreto que obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a repatriar entre 120 y 125 billones de pesos invertidos actualmente en el exterior, reduciendo la exposición internacional de sus portafolios —que manejan cerca de 500 billones en total— de un 50% actual a un máximo del 25%, una medida revivida el 31 de diciembre de 2025 para inyectar liquidez masiva a la economía nacional. Expertos como José Manuel Restrepo Abondano, rector de la Universidad EIA, advierten que Colombia carece de proyectos productivos suficientes para absorber este volumen, lo que canalizaría los fondos principalmente hacia Títulos de Tesorería (TES), facilitando al Ejecutivo un financiamiento local más barato y abriendo espacio para mayor endeudamiento interno, aunque con riesgos de “crowding out” que desplazaría inversiones privadas.
En contraste, Felipe Campos, gerente de Estrategia e Inversiones de Alianza, prevé un impacto inicial especulativo con una revaluación abrupta del dólar —posiblemente 200 pesos en el corto plazo—, impulsando la valorización de activos locales como la bolsa colombiana, que ya destaca globalmente este año, y generando un flujo constante de demanda al prohibir también la salida de nuevos aportes al exterior. Sin embargo, José Ignacio López, director de Anif, enfatiza los costos a mediano y largo plazo: menor diversificación reduce rentabilidades pensionales —clave para minimizar riesgos y gasto fiscal futuro en pensiones— y podría elevar la carga pública al comprometer la sostenibilidad del sistema, priorizando beneficios cortoplacistas como tasas de interés más bajas sobre la protección estructural de los ahorros de los trabajadores.
Entre los efectos colaterales, los exportadores enfrentarían un golpe duro por la apreciación del peso en un contexto de exportaciones estancadas, sin un boom compensatorio, mientras un dólar más bajo ayudaría a contener la inflación —especialmente en alimentos, un tercio de cuya canasta es importada— mitigando el impacto del alza al mínimo salarial. La transición gradual que proponen analistas como Campos busca equilibrar esta inyección hacia sectores productivos con el tiempo, pero el debate nacional se centra en si esta repatriación forzada fortalece las finanzas públicas o hipoteca el futuro pensional de millones, en un equilibrio delicado entre necesidades fiscales inmediatas y rentabilidad sostenible.
