homosexualidad. Le contamos cuál y por qué.
El Parlamento de Bielorrusia dio luz verde a una controvertida ley que sanciona la difusión de contenidos relacionados con lo que denomina “ideología de género”, así como la promoción de la homosexualidad, la pedofilia y la decisión voluntaria de no tener hijos. La iniciativa, que ya había sido aprobada previamente por la cámara baja, quedó lista para su promulgación por parte del presidente Alexander Lukashenko.
La normativa establece castigos como multas y trabajos comunitarios para quienes incurran en lo que el texto describe como “propaganda” de estas conductas. Con esta medida, Bielorrusia sigue una línea similar a la adoptada por su principal aliado, Rusia, que en los últimos años ha endurecido su legislación en materia de valores tradicionales y restricciones al colectivo LGBT.
Aunque la homosexualidad dejó de ser delito en Bielorrusia en 1994, el país mantiene prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. El gobierno de Lukashenko, quien lleva más de tres décadas en el poder, ha reiterado en varias ocasiones su postura a favor del modelo de familia tradicional, argumentando la necesidad de fomentar la natalidad.
Organizaciones y activistas han manifestado su preocupación por el impacto de esta ley. Alisa Sarmant, representante de un grupo de defensa de personas transgénero, advirtió que la medida podría aumentar la estigmatización y dificultar el acceso a tratamientos médicos para esta población. Según su visión, la legislación equipara de forma injusta a distintas identidades con conductas delictivas, lo que agrava el rechazo social.
El endurecimiento de estas políticas refleja la influencia del enfoque promovido por el presidente ruso Vladimir Putin, cuyo gobierno ha impulsado normas similares. En Rusia, el movimiento LGBT ha sido catalogado como extremista, y las autoridades han aplicado sanciones tanto a activistas como a plataformas digitales por contenidos considerados como “propaganda”.
Diversos organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas, han criticado estas políticas, señalando que vulneran derechos fundamentales. Entretanto, sectores conservadores y la Iglesia Ortodoxa Rusa han respaldado estas medidas, considerándolas una forma de proteger los valores tradicionales y la estructura familiar.
