La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra al borde de una decisión que podría redefinir seriamente la política comercial de la administración del presidente Donald Trump y poner freno a una de sus iniciativas más polémicas: los aranceles vinculados a su ambicioso plan sobre Groenlandia. Expertos legales y mercados financieros están en vilo ante la posibilidad de que el máximo tribunal declare ilegales los gravámenes impuestos por Trump, decisión que podría conocerse tan pronto como el martes próximo.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, ha utilizado los aranceles no solo como herramienta económica, sino como palanca geopolítica para presionar a aliados, en particular a países europeos que se oponen a sus planes respecto a Groenlandia. A principios de enero, el presidente anunció la imposición de aranceles adicionales del 10 % a las importaciones procedentes de ocho naciones de la OTAN —incluidos Dinamarca, Francia, Alemania y el Reino Unido— con el objetivo de forzar un acuerdo para que Estados Unidos adquiera el control de la isla ártica. Esos aranceles están programados para aumentar hasta un 25 % en junio si no se alcanza un acuerdo.
La medida provocó una respuesta inmediata y contundente de los europeos. Ocho países emitieron una declaración conjunta en la que rechazaron las amenazas comerciales como una forma de chantaje y afirmaron que socavan las relaciones transatlánticas, mientras la Unión Europea analiza opciones de represalia, incluyendo la activación de mecanismos legales y arancelarios contra productos estadounidenses valorados en decenas de miles de millones de euros.
La disputa se ha intensificado hasta convertirse en una de las crisis más serias en las relaciones entre EEUU y sus aliados en décadas. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó los aranceles de Trump como “completamente erróneos” y advirtió que una guerra comercial no beneficiaría a nadie, reafirmando que la cuestión de Groenlandia debe resolverse mediante el diálogo y respetando la soberanía de Dinamarca y el pueblo groenlandés.
En medio de la tensión internacional, la Corte Suprema podría actuar como árbitro de las ramificaciones legales de estos aranceles. La administración de Trump ha defendido su autoridad para imponer gravámenes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), argumentando que los aranceles son necesarios para “evitar una emergencia nacional” al salvaguardar la seguridad estratégica de Estados Unidos en el Ártico, según declaraciones de funcionarios del Tesoro.
Críticos, sin embargo, sostienen que la IEEPA no otorga al presidente competencias tan amplias para imponer aranceles sin la aprobación explícita del Congreso, y que la ley fue diseñada para responder a crisis económicas o de seguridad distintas a las que plantea Trump. Además, precedentes legales recientes —como fallos de tribunales federales que limitaron la autoridad del Ejecutivo para establecer tarifas sin respaldo legislativo— fortalecen la posición de quienes piden a la Corte Suprema que invalide estas medidas.
Si la Corte determina que los aranceles son inconstitucionales o que Trump excedió su autoridad legal, podría detener inmediatamente su aplicación y provocar un impacto significativo en los mercados financieros, que ya han mostrado volatilidad ante la incertidumbre. Sin embargo, asesores de la Casa Blanca han adelantado que la administración cuenta con “planes alternativos” para imponer gravámenes bajo otras leyes comerciales si la decisión del tribunal va en su contra.
En caso de que la Corte Suprema valida los aranceles, la política agresiva de Trump recibiría un fuerte respaldo jurídico, consolidando un enfoque unilateral frente a aliados y rivales. Pero si los jueces invalidan la base legal de los gravámenes, se abriría una brecha importante en la agenda económica de la Casa Blanca y se enviaría una señal clara sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial, con profundas repercusiones para el futuro de las relaciones comerciales y diplomáticas de Estados Unidos. Por ahora, el mundo espera el veredicto que podría cambiar el rumbo de esta controversia.
