La Fiscalía General de la Nación recolectó pruebas materiales que apuntan a la posible responsabilidad de un rector, quien opera desde una sede educativa rural en Cumaribo, municipio del departamento de Vichada. Las evidencias, recopiladas en el marco de una investigación con enfoque diferencial y prioritario para las víctimas, señalan que las agresiones habrían ocurrido dentro de las dependencias del centro educativo en un período que abarca entre 2024 y 2025.
Las víctimas, junto a sus familias, denunciaron sufrir un sometimiento sistemático por parte del rector, quien habría ejercido presión y temor para impedir que las denuncias llegaran a instancias judiciales. Entre las intimidaciones se mencionan supuestos vínculos del rector con grupos armados ilegales, los cuales, según las acusaciones, estarían dispuestos a tomar represalias contra las personas que decidieran testificar o denunciar. Este contexto de intimidación contribuiría a mantener en silencio a las víctimas durante un tiempo significativo.
La investigación indica que las presuntas agresiones se habrían llevado a cabo en las instalaciones del propio internado, en un período que comprende al menos entre 2024 y 2025. Las autoridades destacadas que las víctimas, pertenecientes a una comunidad indígena, habrían vivido bajo un régimen de control y vigilancia que facilitaba la ejecución de estos abusos, alterando de manera grave su integridad física y psicológica.
En la misma muestra de hechos, la fiscalía detalló que la víctima femenina de la comunidad Emberá habría sido retenida en la vivienda del sospechoso, en una acción que habría durado aproximadamente 14 horas. Durante ese período, se reportaron golpes y laceraciones en distintas
