El sistema de pulseras telemáticas para agresores de violencia de género, diseñado para garantizar la seguridad de las víctimas mediante el control del alejamiento, ha presentado graves deficiencias técnicas. Según la última memoria de la Fiscalía, se produjeron fallos en el volcado de datos del sistema Cometa, lo que provocó una “potencial desprotección de las víctimas” y derivó en “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o absoluciones de agresores”.
La Fiscalía General del Estado fue la primera en alertar de estos problemas, aunque posteriormente emitió un comunicado asegurando que “las víctimas estuvieron protegidas en todo momento”. Sin embargo, esta garantía contrasta con los avisos que, según se ha conocido, recibió el Ministerio de Igualdad entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 por parte de los técnicos del sistema Cometa, alertando del mal funcionamiento. Pese a estas notificaciones, el Ministerio no actuó para solucionar las incidencias.
La raíz de las incidencias parece estar en el cambio de empresa adjudicataria del servicio. Durante el ministerio de Irene Montero, Telefónica y Securitas Direct, que prestaban el servicio desde 2009, fueron sustituidas por Vodafone y Securitas tras ganar el concurso público. En este proceso de migración se produjo una pérdida temporal de datos de localización, lo que impidió, durante un tiempo, conocer la ubicación exacta de los agresores en relación con sus víctimas.
El fallo técnico ha tenido consecuencias directas en los juzgados. La portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Alemany, ha confirmado que muchas mujeres afectadas “han estado desprotegidas ante la justicia porque no pudieron probar los quebrantamientos de condena”. Existen sentencias que corroboran esta pérdida provisional de datos, contradiciendo las versiones oficiales que aseguran que los dispositivos nunca dejaron de funcionar y que seguían enviando alertas.
Mientras, las víctimas viven en la incertidumbre. Las 4.515 mujeres y sus familias que dependen de estos dispositivos no han recibido explicaciones claras sobre lo ocurrido, cuántos agresores pudieron beneficiarse de estas fallas o si la situación está ya completamente resuelta.
La situación saltó a la esfera política cuando el Partido Popular denunció los hechos. Por su parte, desde el PSOE, la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han salido a dar explicaciones, asegurando que las deficiencias no comprometieron la seguridad en ningún momento y que se enviaron mensajes de tranquilidad a las víctimas.
Ante la gravedad de los hechos, se exige desde diversos sectores que el Gobierno actual aclare la verdad de lo sucedido, asuma las responsabilidades que correspondan e inicie las diligencias necesarias para depurar posibles negligencias, más allá de la filiación política del ministerio en el que se originó el problema. La prioridad, subrayan, es restablecer la confianza en un sistema que es vital para la seguridad de miles de mujeres.
