Se destapa corrupción en las huestes del campeón ¡a 5 meses del Mundial!

Una nueva y sofisticada maniobra destinada a ocultar a los verdaderos propietarios de la mansión ubicada en Pilar quedó expuesta en el marco de la investigación judicial. Hasta el momento se conocía que el terreno había sido adquirido originalmente a Carlos Tévez por la firma Malte SRL, que luego vendió la propiedad a Real Central SRL por 1,8 millones de dólares, pese a que los peritos de la Corte Suprema la tasaron en 17 millones. Detrás de la operación aparece una compleja estructura societaria, comparable a una “matrioska” empresarial, en la que se superponen firmas y nombres.

La sociedad que hoy figura como dueña del inmueble nació el 8 de febrero de 2021 bajo el nombre Central Park Drinks SRL, constituida por Luciano Nicolás Pantano y Diego Adrián Lucero. El 2 de mayo de 2022, Lucero transfirió su participación a Ana Lucía Conte, madre de Pantano. Menos de un mes después, el 31 de mayo, la empresa cambió su denominación a Real Central SRL. Dos años más tarde, el 30 de mayo de 2024, concretó la compra de la mansión situada en Villa Rosa, partido de Pilar, a Malte SRL.

Documentación presentada ante la Inspección General de Justicia, a la que accedió Clarín, revela que tanto los socios originales como los actuales otorgaron amplios poderes especiales —tras la firma de una primera escritura— a Reinaldo Omar Bogado, Francisco Alejandro Capurro, José Miguel Verón y las hermanas Leticia y Silvia Yaniello. Esos poderes les permiten actuar prácticamente con las mismas atribuciones que los socios formales, incluyendo la administración societaria y el manejo de la documentación contable donde constan los aportes de capital.

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es el perfil de quienes recibieron esas facultades. Capurro fue designado en 2014 en el Senado de la Nación por el entonces presidente provisional de la Cámara alta y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Por su parte, Verón aparece vinculado al operador judicial kirchnerista Guillermo Scarcella. El nexo político resulta relevante, dado que Zamora mantiene una estrecha relación con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Capurro fue incorporado al Senado a partir del 1° de octubre de 2014, con categoría A-2, mediante el decreto DP-1783/14 firmado por Zamora. En la actualidad se desempeña como trabajador autónomo y participa en la firma Blue Dream SA. Verón, en tanto, es monotributista, no registra participación en sociedades ni empleo en relación de dependencia, y su único antecedente laboral conocido es su colaboración con Scarcella en 2015.

Scarcella, ex funcionario bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli, fue investigado por un crecimiento patrimonial superior al 2.300% durante su paso por Aguas Bonaerenses SA. Además, supo construir una extensa red de vínculos en el ámbito judicial, entre ellos con el ex camarista federal Eduardo Freiler y el juez jubilado Rodolfo Canicoba Corral.

Las hermanas Yaniello también figuran como monotributistas y no registran participación societaria. Leticia se encuentra inscripta en actividades de apoyo administrativo, mientras que Silvia declara actividades profesionales y técnicas. Ninguna de las dos posee antecedentes laborales formales relevantes.

El último de los apoderados es Reinaldo Omar Bogado, titular de un estudio dedicado al derecho notarial y registral, con experiencia en trámites ante la IGJ. Sin embargo, figura como monotributista, no tiene empleados ni sociedades registradas y en años anteriores percibió planes sociales.

Pese a que la mansión fue valuada en 17 millones de dólares por peritos oficiales, el abogado de Pantano sostuvo que la operación se financió con fondos blanqueados y que la propiedad fue adquirida por Real Central SRL al valor declarado de 1,8 millones. En paralelo, la defensa solicitó suspender la investigación durante la feria judicial de enero, pedido que fue rechazado por la Cámara en lo Penal Económico.

La causa también puso bajo la lupa a Malte SRL, la empresa vendedora del inmueble, cuyos socios actuales tienen domicilio en Santiago del Estero. La firma tuvo distintos titulares en los últimos años, lo que refuerza la hipótesis de una trama empresarial escalonada, similar a las muñecas rusas que se esconden unas dentro de otras, y que hoy es objeto de análisis judicial.

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