Durante una inspección rutinaria realizada este viernes 9 de enero en la Cárcel Judicial de Valledupar, personal de custodia encontró el cuerpo sin vida de Giovanni Mauricio Durán Quintero, de 30 años, en uno de los baños del establecimiento.
Durán Quintero, quien se desempeñaba como dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), era el principal investigado por la justicia como presunto responsable del feminicidio de la patrullera Vanessa de León Pertuz, de 25 años, ocurrido el pasado 29 de noviembre.
Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias activaron de inmediato los protocolos de rigor. Aunque se espera el dictamen oficial de Medicina Legal, las primeras investigaciones manejan la hipótesis de un suicidio. Este suceso ha generado la apertura de nuevas diligencias para esclarecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.
El objetivo central de las indagaciones será determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad y vigilancia dentro del centro penitenciario, dada la relevancia del caso y el estado procesal del custodio.
El crimen que mantenía a Durán Quintero bajo detención conmocionó a la fuerza pública y a la comunidad de Valledupar. La patrullera Vanessa de León Pertuz, adscrita a la Policía Comunitaria de Chimichagua, fue agredida mortalmente con arma blanca en su domicilio, durante su día de descanso. Según investigaciones, la víctima y el agresor mantenían una relación sentimental de aproximadamente ocho años, de la cual nació un hijo de cinco años.
Tras el ataque, Durán Quintero intentó quitarse la vida lanzándose desde una altura, sobrevivió y fue capturado mientras recibía atención médica bajo vigilancia. Este antecedente alimenta la línea de investigación del posible nuevo intento de suicidio.
El hecho de que tanto la víctima como el victimario fueran servidores públicos activos (ella de la Policía Nacional y él del INPEC) ha impulsado un debate sobre la prevención de la violencia intrafamiliar al interior de las instituciones estatales y la necesidad de mecanismos efectivos de protección.
La muerte del principal implicado ha reavivado las voces de familiares de la patrullera y de sectores de la sociedad civil, quienes exigen que el caso no quede en la impunidad y que se esclarezcan tanto las circunstancias del feminicidio como los hechos ocurridos dentro de la cárcel.
Mientras la justicia avanza en la investigación para identificar posibles debilidades en los procedimientos carcelarios, la comunidad del Cesar continúa manifestando su duelo y exigiendo justicia para Vanessa de León Pertuz.
