Detrás de las frías palabras de un comunicado oficial y la descripción de un “hecho trágico” que “enluta a la institución”, yace una verdad brutal que el Ejército Nacional parece empeñado en desdibujar. La noche del miércoles 26 de noviembre, dentro de la aparentemente segura zona del parqueadero del Casino de Oficiales en el Cantón Norte, un capitán del Ejército acabó con la vida de una teniente para, acto seguido, quitarse la suya. Sin embargo, la versión institucional insiste en el ambiguo término “incidente de carácter personal”, una estrategia de comunicación que evita nombrar el crimen por lo que es: un feminicidio.
Mientras el comunicado del Ejército se limita a expresar “solidaridad” y a prometer colaboración con la investigación, fuentes de la Policía Metropolitana y de la Fiscalía han proporcionado un relato diametralmente opuesto en su crudeza. Los hechos, reconstruidos a partir de los primeros reportes y la escena del crimen, son inequívocos:
* El Escenario: Los cuerpos sin vida de ambos oficiales fueron hallados dentro de un vehículo gris en el parqueadero. No se reportó un forcejeo externo ni presencia de un tercer agresor.
* Las Detonaciones: El propio Centro de Educación Militar confirmó que “se escucharon varias detonaciones”, descartando un accidente y apuntando a un acto intencional y violento.
* La Dinámica del Crimen: Las versiones no oficiales, que han circulado con fuerza y precisión, coinciden en un modus operandi claro: el capitán, identificado como el agresor, disparó contra la teniente –su compañera y subalterna– antes de volver el arma contra sí mismo.
Al referirse al caso como un “episodio” o un “incidente personal”, el Ejército no solo está utilizando un lenguaje vago; está activando un protocolo de opacidad bien conocido. Esta redacción busca:
1. Desvirtuar la Naturaleza del Crimen: La palabra “feminicidio” carga una connotación de violencia de género y abuso de poder que la institución parece querer eludir. Reducirlo a un “asunto personal” lo enmarca como un conflicto privado, eximiendo simbólicamente a la institución de cualquier responsabilidad estructural o de clima laboral.
2. Controlar la Narrativa: Al no revelar las identidades y ser parco en detalles, el Ejército mantiene el control sobre la información, dificultando el escrutinio público y periodístico sobre un posible historial de acoso, amenazas o relaciones abusivas dentro de la unidad.
3. Proteger la Imagen Institucional: Un feminicidio dentro de una de sus sedes más importantes es un golpe devastador para la moral y la reputación. Al ocultar los detalles, se intenta contener el daño, priorizando la preservación del nombre de la institución sobre la justicia para la víctima y la transparencia con la ciudadanía.
Este caso no puede quedar enterrado como un “doble fallecimiento”. La sociedad tiene derecho a saber:
* ¿Existía una relación previa entre el capitán y la teniente? De ser así, ¿se habían reportado antecedentes de conflictos, acoso o violencia?
* ¿El arma homicida era de uso reglamentario? ¿Cómo fue utilizada dentro de una instalación de alta seguridad?
* ¿Qué políticas tiene el Ejército para prevenir y sancionar la violencia de género y el acoso dentro de sus filas?
La Fiscalía General tiene ahora la responsabilidad de investigar con total independencia, sin permitir que el muro de silencio castrense obstruya el camino de la verdad. La teniente asesinada merece que su muerte sea llamada por su nombre: feminicidio. Y la ciudadanía merece una institución que, en lugar de ocultar sus peores tragedias, se enfrente a ellas con la valentía que pregona.
